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<VOLVER La CIDHPDA exhorta al estado Mexicano a garantizar la democracia en las modificaciones a la reforma electoral 21 DE FEBRERO DEL 2023 La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), en voz del Comisionado Presidente para América Latina y El Caribe Víctor Hugo Gutíerrez Yáñez, exhorta al Estado Mexicano a que se garantice la democracia durante la discusión sobre el llamado “Plan B” de la Reforma Electoral, respetando las necesidades de la población y no de un partido político. En la noche del 20 de febrero, el Senado avaló la propuesta del Plan B y se envió al ejecutivo para su publicación. No obstante se dejó a un lado la cláusula de “vida eterna”, la cual consiste en la facultad que tiene un partido grande a transferir los votos a los partidos de coalición con poca fuerza electoral, lo cual impide que estos desaparezcan. Durante la aprobación de los cambios a la Reforma Electoral, la Cámara de Diputados no se apegó debidamente al marco legal dispuesto por el artículo 72, el cual establece que un proyecto de ley, que no sea exclusiva de alguna de la Cámaras, se discutirá en ambas. Por esta razón, no se puede aprobar en el Senado la modificación concerniente a la cláusula de vida eterna. Esta acción oscurece la aprobación de la Reforma Electoral, pues en lugar de tener claridad en la necesidad de mantener o quitar dicha cláusula, se excluye y se deja que el resto del Pan B pase al ejecutivo, dejando la posibilidad de que se retome y apruebe más adelante, como lo manifiestan algunos diputados preocupados por la poca transparencia en el proceso de aprobación de esta Reforma. La CIDHPDA exhorta al Estado mexicano a que no obstaculice las acciones de la Cámara de diputados y de la Cámara de Senadores en el proceso de renovación de la Reforma Electoral. Es necesario que se revisen aquellas reformas legales que podrían limitar las facultades para organizar las elecciones y que pongan en duda los resultados de los comicios. Previous Next

<VOLVER Exigimos al gobierno de Nicaragua garantizar la vida y los derechos humanos de los integrantes de la Universidad Centroamericana: CIDHDPA 17 DE AGOSTO DEL 2023 La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), en voz de su Comisionado Presidente para América Latina y el Caribe, Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, exigió al gobierno de Daniel Ortega cumplir con su obligación de en garantizar la vida y los derechos humanos de todos los integrantes de la Universidad Centroamericana. No puede señalar a la libertad de pensamiento como terrorismo, toda vez que esta libertad ayudó para que el movimiento sandinista llegara al poder. Este miércoles la Universidad Centroamericana de Nicaragua (UCA) anunció que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo los acusó de “terrorismo” y ordenaron incautar todos los bienes muebles, inmuebles y dinero de la casa de estudios jesuita. En el oficio de la justicia orteguista se les ha señalado “como un centro de terrorismo, organizando grupos delincuenciales”, argumento que, a consideración de la UCA, es infundado. La UCA se suma a una lista de instituciones educativas que ha sido confiscadas por el régimen nicaragüense, entre las que se encuentran la Universidad Hispanoamericana (Uhispam), denunciada por “falsear información”, lavado de dinero, no reportar sus estados financieros, entre otras causas. Estas acciones han preocupado a estudiantes, docentes y a la población en general, pues son intentos de controlar las universidades para acallar las voces críticas hacia la pareja presidencial. Estos ataques son una clara violación al artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el cual aboga por la libertad de expresión. También se está vulnerando el derecho a la libertad de conciencia y de religión amparado por el artículo 18 de la Declaración Universal y por el artículo 12 del Pacto de San José. La actual administración encabezada por Ortega y Murillo ha venido acumulando una serie de violaciones a los derechos humanos, por ejemplo, en febrero de este año 94 opositores y críticos fueron declarados como traidores a la patria, entre los que se contaban escritores, periodistas, activistas y miembros de la iglesia, como el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez. También es importante recordar la represión durante el proceso electoral del 2022, donde se detuvieron de manera arbitraria a siete personas precandidatas a la presidencia. En suma, Nicaragua enfrenta graves casos de censura a sus medios de comunicación, actualmente se encuentran en el exilio cuatro comunicadores: Juan Lorenzo Holmann, Tamara Dávila, Lesther Alemán y Miguel Mendoza, quienes habían sido encarcelados injustamente por casi dos años. Lamentablemente, en toda América Latina se cuentan casos que ponen en riesgo la libertad de expresión. El pasado 14 de junio, un tribunal guatemalteco sentenció al periodista José Rubén Zamora a seis años de prisión por lavado de dinero, sin embargo, su detención sucedió unos días después de haber publicado una investigación sobre “la trama rusa”, donde se señaló al presidente Alejandro Giammattei de recibir sobornos de empresarios rusos a cambio de beneficiarlos con concesiones de megaproyectos. En México las y los comunicadores también han visto sus derechos e integridad vulnerados. No solo no se ha podido resolver con eficacia la ola de violencia hacia este sector, también deben enfrentar los ataques en su contra por parte del representante del ejecutivo. Durante sus conferencias matutinas, el presidente Andrés Manuel López Obrador desestima el trabajo de periodistas críticos a su gobierno, lo cual legitima todo tipo de agresiones hacia ellos. Por otro lado, por medio de la ley, países como Venezuela, Honduras, Cuba y la misma Nicaragua han estado implementando legislaciones que ponen en riesgo la libertad de expresión. En El Salvador, por ejemplo, en el 2022 se hizo una reforma al Código Penal que pretende castigar con 15 años de cárcel a los reporteros que informen sobre las pandillas. Mientras que, en Venezuela, la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, aprobada en el 2017, ha venido utilizándose para hostigar a opositores, activistas y periodistas, acusándolos de fomentar al odio o a la discriminación. No es posible seguir permitiendo la censura ni los ataques a las personas que, en el ejercicio de la libertad de expresión, son encarcelados, violentados o mandados al exilio. Es intolerable que los gobiernos de izquierda repliquen las mismas prácticas de las que fueron víctimas cuando ostentaban el papel de oposición. Es por eso que, desde la CIDHPDA, instamos a todos los gobiernos de América Latina a cumplir su obligación de hacer valer los derechos humanos y las garantías individuales para todos los habitantes de su respectiva nación. Previous Next

<VOLVER The statements of the secretary of the interior on the designation of sits in the chamber of deputies violate the political rights of Mexican citizens: CIDHPDA. BOLETIN DE PRENSA USA JUNE 05, 2024 The Ibero-American Commission on Human Rights for the Development of the Americas (CIDHPDA), through its Commissioner President for Latin America and the Caribbean, Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, warned that the interference in the designation of spaces for the representation of deputies gives the ruling party the possibility of obtaining 75% of the representation in order to change the POLITICAL CONSTITUTION OF THE UNITED MEXICAN STATES. In this way, the 11 ministers of the Supreme Court of Justice of the Nation will be disregarded in order to impose an economic, political and social model through autocratic thinking. At Monday's conference, the head of the Ministry of the Interior gave a report on the results of the June 2 elections, announcing that the coalition “Sigamos Haciendo Historia” could obtain 372 seats in the Chamber of Deputies and 83 in the Senate; that is to say, it would be one seat away from obtaining a qualified majority. Gutiérrez Yáñez added that these results show an abuse of power, where dialogue, consensus and citizen participation are not being taken into account. Likewise, they throw overboard the elements for the construction of a democratic country, since INE's autonomous work has been exceeded by the declarations of Luisa María Alcalde as the person responsible for the Governance of the Mexican State. We alert the international community that Mexico is undergoing a transition with a democracy in which the division of powers will take a back seat, in order to impose a current of thought in the political and social model, in the overrepresentation and simulation of political parties. This is the case of the PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, where its participation has served as a wild card for the political purposes of all political currents, violating the human rights and political rights of all Mexicans. The President Commissioner of the CIDHPDA considered as necessary that the strength of the MEXICAN ELECTORAL INSTITUTE (INE) must come to the surface to find peace and social balance for all Mexicans. Previous Next

<VOLVER Hubo crueldad de los policías en la marcha de la Generación Z: Gutiérrez Yañez Reporteros México 19/11/2025 “Lamentablemente en este tipo de situaciones que han sucedido tanto en México como en otros países, ponen infiltrados con el objetivo de generar un disturbio”, recalcó el también comisionado presidente para América Latina y el Caribe de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), durante una conferencia de prensa realizada este 19 de noviembre de 2025, luego de haber entregado dicha denuncia en oficinas de la Oficialía de Partes de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México. Previous Next

<VOLVER La comisión iberoamericana de derechos humanos para el desarrollo de las américas organizará la IV edición del día mundial de los derechos humanos 09 DE DICIEMBRE DE 2022 La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), con sede en Italia, en colaboración con La Asociación Casa de Moda Multicultural de Milán, los Estados Generales de la Mujer y la Asociación Multiétnica Compromiso Social, realizará la Cuarta Edición del "Día Mundial de los Derechos Humanos", una celebración que conmemora el día en que, en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH). Este año estará dedicado a fortalecer la lucha en contra de la violencia contra las mujeres, justo el día en que culmina la jornada de los 16 días de activismo con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra cada 25 de noviembre. Es importante visibilizar este problema porque sigue en aumento, lo cual no nos permite avanzar como humanidad en materia de derechos humanos. En América Latina, las mujeres no cuentan con un entorno seguro para vivir. Datos de la ONU revelan que América Latina alberga a 14 de los 25 países con las tasas más altas de feminicidio en el mundo y el 98% de los homicidios relacionados con el género, no son procesados como tal, o quedan en la impunidad. Se registran un total de 4.473 mujeres víctimas de feminicidio en la región, lo que significa que 12 mujeres pierden la vida de forma violenta diariamente. Más de un 4% del total de estos delitos corresponden a niñas menores de 14 años. Es aquí donde se debe prestar mayor atención al problema de la violencia feminicida y cómo afecta a todo su entorno social, en especial a las infancias. Al menos 781 niñas, niños, adolescentes y otros dependientes perdieron a su madre o cuidadora por esta causa. En Europa, no existe en la Unión Europea una definición única de feminicidio, hecho que provoca que cada país valore de forma distinta este fenómeno, por ejemplo, no se cuentan como tales los asesinatos de mujeres ocurridos fuera de la vida en pareja. En suma, no se cuenta con un mecanismo para contabilizar todos los feminicidios, a principios del 2022 España se convirtió en el primer país en implementarlo. En el más reciente informe elaborado por la UNODC (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) y ONU Mujeres, durante el 2021, en Europa se registraron 2500 mujeres y niñas asesinadas a manos de la pareja o de la familia, es decir 0,6 por cada 100.000 mujeres, según las estadísticas de la Policía Federal Criminal de diciembre de 2021. Es por eso que, la CIDHPDA, en apego a los protocolos internacionales de las Naciones Unidas, organiza ese tipo de eventos culturales para promover la defensa de los Derechos Humanos en Iberoamérica y en cualquier parte del Mundo. Se realizará un desfile de moda inclusivo para realzar todo tipo de belleza y la actuación musical de la artista mexicana Frida Viktoria “La voz de Iberoamérica”, como muestra de solidaridad con quienes luchan contra el feminicidio. Algunas de las personalidades que participarán en la ceremonia serán: Isa Maggi, Presidenta de los Estados Generales de la Mujer; Elena Travaini, bailarina y modelo ciega, activista por los DERECHOS HUMANOS, de las personas con discapacidad. Franco Tuci, presidente de la Asociación Compromiso Social Multiétnico; Narcisa Soria, Embajadora de Derechos Humanos y Mariana Veintimilla, Presidenta de la Asociación Multicultural Casa de la Moda Milanesa, entre muchos más. Previous Next

<VOLVER Esaú Flores Tapia asume la presidencia del patronato de la fundación CIDHPDA BOLETIN DE PRENSA México 03/01/2025 El Doctor en Educación EsaúFlores Tapia ha sido nombrado nuevo presidente del Patronato de la Fundación de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA). El anuncio se realizó durante la Investidura del Título Doctor Honoris Causa del Instituto de Iberoamérica para la Defensa de Derechos Humanos y Ciencias Jurídicas (IIDDHCJ), este 27 de febrero de 2025, en el Hotel Holiday Inn México Buenavista, donde Flores Tapia recibió el cargo de manos de la Dra. Cecilia Rodríguez, Comisionada Nacional de Procuración de Fondos Nacionales e Internacionales de Aguascalientes. En su discurso, Flores Tapia se comprometió a trabajar con dedicación y pasión para fortalecer la Educación en México y en América Latina, a través de programas curriculares innovadores como Aulas para la Paz. Este programa busca promover una Educación Socioemocional en estudiantes de nivel básico, para prevenir el acoso escolar, fortalecer los valores y fomentar actitudes de respeto y convivencia pacífica entre los jóvenes. El nuevo presidente del Patronato destacó que su gestión estará profundamente enfocada en el bienestar de la niñez latinoamericana, subrayando la importancia de promover los valores culturales de unidad, cooperación y trabajo mutuo entre los pueblos de América Latina. Estas acciones, dijo, son esenciales para la creación de futuras cooperativas que contribuyan al desarrollo de las comunidades en la región. Asimismo, Flores Tapia reafirmó su compromiso de seguir los estándares establecidos por las Naciones Unidas en su labor, alineándose con los principios universales de derechos humanos y promoviendo la dignidad y el respeto de cada niño y niña en la región. En su intervención, también mencionó la necesidad urgente de abordar temas relevantes para la infancia, como el tráfico de menores, la violencia infantil y el cuidado integral de los derechos de los niños en América Latina. En este sentido, destacó que se sumará a las iniciativas de organismos como UNICEF para garantizar un entorno seguro y justo para todos los menores de edad, previniendo cualquier forma de abuso o explotación. Para la Fundación CIDHPDA es necesario implementar estrategias en favor de las infancias debido a que este sector de la población enfrenta varios retos para su seguridad y sano desarrollo. De acuerdo con la UNICEF, en América Latina y el Caribe más de 10 millones de niños, niñas y jóvenes no tienen acceso a la educación debido a la pobreza, la inestabilidad económica, política y los conflictos. Además, solo en un tercio de los países de la región la tasa de graduación de la educación secundaria superior supera el 70 por ciento. Aunque muchos niños, especialmente los de comunidades más vulnerables, están escolarizados, muchos corren el riesgo de no desarrollar las habilidades necesarias para alcanzar su máximo potencial debido a la falta de maestros capacitados, recursos educativos insuficientes y condiciones infraestructurales deficientes. Actualmente, en el mundo, más de 473 millones de niños y niñas viven en zonas afectadas por conflictos, lo que representa aproximadamente 1 de cada 6 a nivel mundial. El número de situaciones de conflicto es el más alto desde la Segunda Guerra Mundial, y el porcentaje de niños afectados ha aumentado significativamente. A finales de 2023, 47,2 millones de niños estaban desplazados por la violencia, y las cifras continúan creciendo en lugares como Palestina, Haití y Sudán. Los niños en zonas de conflicto enfrentan grandes desafíos, como la falta de educación, desnutrición, desplazamiento y exposición a la violencia. En 2023, las Naciones Unidas registraron un aumento alarmante de violaciones graves contra niños. Las mujeres y niñas también enfrentan altos riesgos de violencia sexual, y los niños con discapacidad son especialmente vulnerables. La educación se ve gravemente afectada, con millones de niños fuera de la escuela debido a la destrucción de infraestructuras. Además, la inseguridad alimentaria ha aumentado, y más de medio millón de personas viven en condiciones extremas de hambre. El acceso a servicios de salud también es limitado, lo que aumenta el riesgo de enfermedades prevenibles. Frente a la delicada situación que enfrenta la región, Flores Tapia asumió con entusiasmo el reto de liderar esta Fundación, comprometido con los derechos humanos y el futuro de la niñez de América Latina, asegurando que trabajará incansablemente para transformar y mejorar las condiciones educativas y sociales de los más jóvenes en la región. Previous Next

<VOLVER La CIDHPDA exige que se garantice la seguridad del personal de derechos humanos en el estado de Guerrero BOLETIN DE PRENSA 09 DE AGOSTO DEL 2023 La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), en voz de su Comisionado para América Latina y el Caribe, Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, se solidariza con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM), después del atentado que sufrió en sus instalaciones. El día 07 de agosto, aproximadamente a las 12:33 de la madrugada, fue baleada la fachada de la Oficina Central de la institución. Raúl Israel Hernández Cruz, presidente de la CDHM, señaló que las detonaciones fueron dirigidas hacia el área de cubículos asignados a los visitadores. Así mismo, se mostró consternado ante la falta de una autoridad que garantice la seguridad de la gente y de las instituciones. Desde la CIDHPDA exigimos al Gobierno del Estado de Morelos, encabezado por el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, garantizar la vida del ombudsperson y de los trabajadores de dicho organismo, toda vez que su trabajo esté encaminado a preservar la paz, la no violencia y a fomentar la cultura de los derechos humanos. El Comisionado Presidente de la CIDHPDA considera que esta situación no puede dejarse al olvido, pues el respeto de los derechos humanos debe ser un eje primordial en la actividad política del Gobierno del Estado. También hizo un llamado a la administración de Cuauhtémoc Blanco a apegarse al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual demanda que: "Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad". “Tanto la Comisión de Derechos Humanos de Morelos como el gobierno estatal deben trabajar en conjunto para garantizar el ejercicio pleno del Estado de Derecho de todos los morelenses”, declaró Gutiérrez Yáñez. Se debe llegar a las últimas consecuencias y deslindar responsabilidades por este lamentable acontecimiento, el cual genera inestabilidad social y un daño directo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Previous Next

<VOLVER Rechazamos las acciones militares en los ámbitos de seguridad ciudadana toda vez que trae acciones irreversibles en contra de la población: CIDHPDA BOLETIN DE PRENSA México 15 DE OCTUBRE DEL 2024 La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), en voz del Comisionado Presidente para América Latina y el Caribe, Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, condenamos la muerte de civiles inocentes a manos de elementos del Ejército Mexicano. Este fin de semana, tres personas fueron asesinadas por militares y elementos de la Guardia Nacional en Nuevo Laredo, Tamaulipas, mientras perseguían a presuntos delincuentes. Las víctimas fueron una menor de 8 años, un joven de 18 y una enfermera de 46 años. El sábado 12 de octubre, a las 19:00 horas, la señora Lidia Galván Reséndez se trasladaba en su vehículo particular junto a su nieta Lidia Iris Fuentes Galván, cuando quedaron en medio de una persecución entre Guardias Nacionales y presuntos delincuentes. El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, informó que el auto de Lidia quedó prensado entre dos camionetas y los elementos de Guardia Nacional comenzaron a disparar en su contra, causando heridas en la cabeza de su nieta. A pesar de que la señora pedía ayuda a los militares, estos la ignoraban hasta que uno de los elementos atendió su llamado y dio la orden de dejar de disparar. En ese mismo hecho, un joven de nombre Diego Alfredo quedó dentro de una camioneta que perseguían los elementos de la Guardia Nacional y soldados del Ejército. La víctima presentaba huellas de tortura en diferentes partes de su cuerpo y no portaba armas; posiblemente se encontraba en calidad de secuestrado. El día anterior, la noche del viernes 11 de octubre, en el cruce de Eva Sámano y Miquihuana, en el Fraccionamiento La fe, Yuricie Rivera Elizalde, enfermera de 46 años, se trasladaba en una camioneta particular en compañía de su esposo e hijo cuando recibió un disparo en la cabeza por parte de soldados del Ejército. Testigos relataron que los militares perseguían a civiles armados cuando comenzaron a dispararles, poniendo en riesgo a las personas a su alrededor. Carrillo Martínez declaró que bajó del vehículo para pedir auxilio al personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pero estos no le hicieron caso y continuaron su marcha. La Guardia Nacional y el Ejército Mexicano han estado involucrados en la muerte de civiles inocentes en más de una ocasión. Tras la muerte de cinco jóvenes en la ciudad de Nuevo Laredo el 18 de mayo de 2023, el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos denunció la falta de “institución que quiera enfrentar este tipo de abusos que están cometiendo las fuerzas armadas en todo el país”, así mismo, advirtió que las fuerzas armadas mexicanas “siguen teniendo un poder muy alto, muy fuerte por encima de la autoridad civil, entendiéndose desde la presidenta de la República, desde el Congreso, desde el Poder Judicial”. Cabe recordar también la muerte de seis migrantes, dos de ellos menores de edad, en el poblado sureño de Villa Comaltitlán, en Chiapas, hecho ocurrido el pasado 1 de octubre, luego de que una patrulla militar disparó contra una camioneta, en la que viajaban decenas de extranjeros. Este incidente revivió el debate sobre los riesgos de la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública en cada entidad del país, estrategia que se gestó hace décadas y que se profundizó en el sexenio anterior, cuando la Guardia Nacional se incorporó al ejército. En la CIDHPDA consideramos lamentable que en las fuerzas armadas de México no se cuente con un protocolo de actuación para no poner en riesgo la vida de las y los ciudadanos y que en su lugar se ponga en riesgo a la gente a la que deberían proteger. Así mismo se vuelve indispensable contar con elementos dispuestos a atender a las personas que resulten heridas durante una persecución. Exigimos enérgicamente al Gobierno de Claudia Sheinbaum pueda reorientar su política de seguridad toda vez que la militarización del país trae consecuencias muy graves donde pierden la vida hombres, mujeres, niños y niñas sin importar edad. Previous Next

<VOLVER La CIDHPDA rechaza la desaparición forzada en Bolivia BOLETIN DE PRENSA México 04 DE JULIO DEL 2024 La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), en voz del Comisionado presidente para América Latina y el Caribe, Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, manifiesta su preocupación por el acoso a las personas sospechosas de haber participado en el supuesto intento de golpe de Estado en Bolivia. Katerine Antezana, esposa del general de Ejército en servicio pasivo Tomás Peña y Lillo, en una entrevista para el medio de comunicación EL DEBER denunció hostigamiento policial y aseguró que permanecerá en su domicilio a la espera de noticias de su esposo. Cabe señalar que Katerine estuvo internada en el hospital de Cossmil de La Paz. Peña y Lillo es una de las personas buscadas por la policía, acusado de haber colaborado con el general Juan José Zúñiga en el asalto militar fallido a Palacio Quemado, antigua sede del Gobierno boliviano. Este martes, se declaró en la clandestinidad en una entrevista con el periodista Jhon Arandia: “Me declaro en la clandestinidad, mientras no haya las garantías necesarias y mientras una autoridad competente no me diga que va a hacer respetar mi integridad y mi servicio a la patria leal durante 40 años”, dijo el militar. La activista Kelly Tejada, delegada de la CIDHPDA, explicó al medio EL DEBER que esta organización le ha brindado acompañamiento a la familia del general Peña y Lillo. También aseguró que se han presentado pruebas, como imágenes donde se observa que en las afueras de la casa del militar y su esposa: “la Policía sembró pruebas, arrojando bolsas que luego fueron presentadas, haciendo creer que se encontró armamento en ese lugar”. El viernes, el gobierno anunció 20 arrestos más, incluido un ex vicealmirante de la Marina. Ante esta situación, la CIDHPDA, en un oficio dirigido al Embajador de Bolivia en México, José Crespo Fernández, ha solicitado información sobre las 21 personas detenidas, entre ellas: José Zúñiga Macías, excomandante del Ejército; Juan Arnez Salvador, vicealmirante y comandante de la Armada; Aníbal Abel Aguilar Gómez; supuesto gestor ideológico del plan y analista de inteligencia; Julio Omar Buitrago Sempértegui, jefe de Inteligencia. De igual forma, expresó su preocupación por las condiciones que estarían atravesando las personas desaparecidas, como el mencionado General Tomás Peña y Lillo; Juan Carlos Calderón de la Riva, vicepresidente de la UMSP Nacional y José Antonio Ágreda Mendívil, del servicio pasivo. Por último, la CIDHPDA solicitó información sobre las personas buscadas: Eduardo Calderón de la Riva Lazcano, Oscar Goitia Ledezma, Edwin Cruz Huanca y Ronny Silva Tintaya. Frente a las sospechas de un “autogolpe”, es indispensable realizar una investigación de los hechos ocurridos el pasado 26 de junio con el fin de obtener claridad sobre el móvil del atentado y hacer que los auténticos responsables rindan cuentas. Al respecto, Tomás Peña y Lillo, en la entrevista con Jhon Arandia, consideró necesario una investigación internacional con el fin de garantizar la transparencia. De hacerse de esta forma, el general aseguró que se sometería de inmediato y se presentará con todas las garantías. La situación actual en Bolivia se torna cada vez más tensa y se reportan casos de represión policial, como el que se le ha imputado a Eduardo del Castillo, ministro de Gobierno de Bolivia, señalado de meter presas a dos mujeres inocentes por haber grabado el momento en el que policías cometían abusos en plena vía pública. Dadas estas circunstancias, hacemos un llamado a la Comunidad Internacional para mantenerse al pendiente de la seguridad del pueblo boliviano. La CIDHPDA, organización civil internacional que promueve y protege la defensa de los Derechos Humanos, tiene como interés primordial preservar la vida y la dignidad humana de todos los hermanos latinoamericanos. Bajo este objetivo, exigimos al presidente Luis Arce Catacora que el Estado Boliviano respete los acuerdos internacionales que ha ratificado con las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) en materia de Derechos Humanos. Previous Next

<VOLVER La riforma del sistema giudziario in Messico eliminera la divisione dei poteri: CIDHPDA BOLETIN DE PRENSA Italia 06 SETTEMBRE 2024 La Commissione iberoamericana dei diritti umani per lo sviluppo delle Americhe (CIDHPDA), attraverso il suo Consiglio nazionale, ha sottolineato che la divisione dei poteri garantisce che le attribuzioni, le competenze e i poteri concessi ai vari organi dello Stato siano esercitati in un quadro di pieno rispetto e autonomia. Nel Governo federale non possono continuare a prevalere né l'anarchia né l'assolutismo politico. L'obiettivo dello Stato è l'affermazione della libertà, che sarà più efficace in un sistema moderato, cioè in cui vi sia un equilibrio tra i tre rami del governo. Per questo motivo, la separazione dei poteri è un mezzo per garantire ai cittadini le garanzie e i diritti che spettano loro. L'ICHRDPA propone quindi la distribuzione dei poteri a diversi organi, in modo che questi possano stabilire dei limiti tra di loro. Uno dei rischi maggiormente evidenziati nella Riforma giudiziaria è la possibile perdita di indipendenza dei giudici, poiché se vengono proposti dal capo dell'esecutivo, avranno un'affinità con la persona al potere e il partito politico che rappresenta. Questa situazione indebolirà lo Stato di diritto, la protezione dei diritti umani e la sicurezza, aumentando l'impunità e gli abusi da parte delle autorità. Il Consiglio nazionale della CIDHPDA sottolinea che il principio della divisione dei poteri è parte integrante e caratteristica essenziale dello Stato di diritto. Questo principio, sancito dall'articolo 49 della Costituzione politica degli Stati Uniti messicani, stabilisce che l'esercizio dei poteri della Federazione è suddiviso in Legislativo, Esecutivo e Giudiziario. Il Consiglio nazionale della CIDHPDA avverte che se i giudici, i magistrati e i ministri saranno nominati dall'Esecutivo con voto diretto, l'equilibrio che esiste da più di 50 anni potrebbe scomparire, poiché il processo decisionale si concentrerà nell'Esecutivo. Previous Next

<VOLVER Denuncian ante la FGR a policías de la CDMX por violar derechos humanos contra manifestantes de la "Generación Z". Pasaporte informativo México 19/11/2025 La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), presentó este miércoles una denuncia en contra de los policías de la Ciudad de México por cometer actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra los manifestantes en la pasada Marcha del 15 de noviembre. El organismo, que preside Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, acudió a las oficinas de la Oficialía de Partes de la Fiscalía General de la República (FGR), localizada en la Colonia Doctores, acompañado de integrantes y defensores en materia de derechos humanos del país. Previous Next

<VOLVER El asesinato de los estudiantes del Tec de Monterrey en 2010 es un ejemplo de los riesgos de la participación del ejercito en labores de seguridad pública: CIDHPDA BOLETIN DE PRENSA México 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 El 19 de marzo de 2010, Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo fueron asesinados por militares al interior del Tecnológico de Monterrey, en Nuevo León, en un crimen que durante años estuvo marcado por la impunidad y las falsas versiones oficiales. Hoy, 14 años después, la justicia parece haber dado un paso hacia la verdad. El 12 de diciembre de 2024, el Tribunal Colegiado de Apelación ratificó la sentencia de 90 años de prisión contra los cinco militares responsables del doble homicidio, quienes fueron condenados por homicidio calificado con agravante de ventaja. Los estudiantes fueron asesinados la noche del 19 de marzo de 2010, cuando se encontraban en las instalaciones del Tec de Monterrey, después de haber sido golpeados y ejecutados por miembros del Ejército Mexicano. Minutos antes del asesinato, militares y sicarios se habían enfrentado tras atender una denuncia sobre un presunto secuestro, pero los criminales escaparon y se dirigieron a las inmediaciones de la universidad. A las 00:38, Jorge y Javier, quienes habían salido a comprar comida, fueron brutalmente asesinados a balazos, con al menos seis y siete impactos de bala, respectivamente. Además de los disparos, ambos jóvenes fueron golpeados por los militares antes de ser ultimados. Tras el crimen, el gobierno de Felipe Calderón inicialmente afirmó que los jóvenes estaban relacionados con el crimen organizado, pero luego cambió su versión a "daños colaterales". La evidencia demostró que los militares alteraron la escena, colocando armas junto a los cuerpos. Diversas instituciones, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), denunciaron obstrucción de la justicia, señalando que varias procuradurías impidieron el avance de la investigación y fomentaron la impunidad. Si bien, este fallo es un paso importante hacia la justicia completa para las víctimas y sus familias, así como una respuesta a años de lucha contra la impunidad, la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), sigue preocupada por la participación continua del Ejército en labores de seguridad pública en México, un tema que ha estado en la polémica, especialmente después de que la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador formalizara esta práctica en la Constitución Mexicana. De hecho, el mismo expresidente, en 2019, reconoció oficialmente que los estudiantes fueron víctimas de una ejecución extrajudicial y ofreció una disculpa pública en nombre del Estado Mexicano por medio de la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Por otro lado, al darse a conocer la sentencia de los militares responsables, la ONU-DH celebró la resolución, destacando que esta decisión es un reconocimiento explícito de que Jorge y Javier fueron víctimas de ejecución extrajudicial. El organismo internacional subrayó la importancia del Protocolo de Minnesota en la investigación de este tipo de casos. El caso de los estudiantes del Tec de Monterrey es un claro ejemplo de los riesgos asociados con el involucramiento del Ejército en tareas de seguridad pública. El Comisionado Presidente de la CIDHPDA, Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, advierte que el uso de las fuerzas armadas para enfrentar la delincuencia puede resultar en violaciones a los derechos humanos, como el asesinato de civiles inocentes, debido a la falta de formación y protocolos adecuados para el trato con la población civil. Los abusos de autoridad infringidos por militares siguen siendo reportados a lo largo del país, y el riesgo de que se repitan hechos como el de Jorge Mercado y Javier Arredondo es latente mientras las fuerzas armadas sigan operando fuera de su ámbito natural de defensa nacional. Según un informe de la Oficina de Washington en Latinoamérica (WOLA), entre abril del 2018 y marzo del 2023 se han abierto 3.256 expedientes federales en las fiscalías estatales por presuntas torturas por parte de las fuerzas armadas y 2.727 expedientes por tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Cabe recordar uno de los casos más recientes de abuso de autoridad, el cual sucedió el pasado 20 de noviembre cuando elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) agredieron físicamente a un grupo de civiles desarmados en la colonia Unión del Recuerdo, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, dando como resultado la muerte de uno de ellos. La CIDHPDA insiste en implementar alternativas al uso del ejército, como fortalecer las instituciones civiles, como la Policía Federal y las policías locales, mediante una reforma integral que incluya capacitación, profesionalización y equipamiento adecuados. Es fundamental que las fuerzas de seguridad sean entrenadas específicamente para proteger los derechos humanos y responder de manera proporcional y respetuosa ante situaciones de conflicto. Además, una estrategia de seguridad basada en la prevención del delito, el fortalecimiento del Estado de Derecho y el acceso a la justicia, con la participación de la sociedad civil y de organizaciones no gubernamentales, es crucial para evitar la militarización del país y garantizar la protección de los derechos de todos los ciudadanos. La CIDHPDA expresa su solidaridad con las familias de Jorge y Javier, quienes durante más de una década han enfrentado un largo camino de dolor, injusticia y lucha por la verdad. “Nos solidarizamos con las víctimas y sus seres queridos, reconociendo su valiente resistencia en la búsqueda de justicia frente a la impunidad y la alteración de los hechos. Este caso es un claro recordatorio de la necesidad de garantizar que los responsables de violaciones a los derechos humanos sean sancionados y que las víctimas reciban reparación integral”, concluyó Gutiérrez Yáñez. Previous Next