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<VOLVER La CIDHPDA exhorta al estado a tomar las medidas necesarias para combatir la pederastia clerical BOLETIN DE PRENSA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 El 17 de septiembre se dio a conocer en medios de comunicación que José Víctor Ortiz Montes, ex secretario particular de Norberto Rivera, fue acusado, investigado y declarado culpable de pederastia, efebofilia y abuso sexual por El Vaticano, sin embargo, las autoridades mexicanas no han hecho su parte, por lo que el hoy excomulgado sacerdote sigue libre en el país. La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), en voz de su Comisionado para América Latina y el Caribe, Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, exhorta al Estado Mexicano a tomar las medidas necesarias para no dejar impune este y todos los casos de pederastia clerical. Durante 20 años, la Arquidiócesis Primada de México ha protegido a Ortiz Montes, quien pertenecía a la Sociedad Clerical de Vida Apostólica Cruzados De Cristo Rey (CCR), donde se desempeñaba como un promotor vocacional. Dentro de sus funciones, organizaba y gestaba retiros espirituales exclusivos para niños y jóvenes varones. De acuerdo con los testigos, aprovechaba las actividades grupales, como excusiones y campamentos, para perpetrar los delitos en contra de los menores. La Arquidiócesis Primada de México nunca fue clara con los padres de las víctimas sobre las denuncias interpuestas, en un principio afirmaron que sí se había presentado una denuncia penal en contra del sacerdote José Víctor Ortiz Montes, pero tiempo después informaron que solamente presentaron “un informe/notificación el 5 de septiembre de 2017”, ante la entonces Procuraduría General de la República, actualmente Fiscalía General de la República. Las víctimas de pederastia clerical y sus familiares se encuentran en un estado de vulnerabilidad grave, pues tanto la FGR como la Fiscalía de la CDMX se declaran incompetentes para investigar los abusos sexuales de un ministro de culto. Por este motivo, la CIDHPDA exhorta al Estado Mexicano a hacer las reformas necesarias a la ley para que los miembros de cualquier institución religiosa acusados de pederastia sean sometidos a proceso como cualquier otro ciudadano. Por décadas, ningún gobierno, autoridad o funcionario público ha denunciado ni ha intentado erradicar el sistema de encubrimiento que protege a los curas pederastas. Incluso, el actual representante del ejecutivo se ha mostrado tolerante ante estos casos. Todo el aparato del Estado está obligado a concentrar sus esfuerzos por buscar la verdad y la justicia, así como garantizar protección para las infancias y las juventudes mexicanas. Así mismo, exigimos a la Arquidiócesis Primada de México a comprometerse con el bienestar de las personas más necesitadas, como lo establecen sus preceptos religiosos, y desista de encubrir a sus integrantes. Su deber moral y cívico es cooperar con las autoridades, de lo contrario, estarán contribuyendo al deterioro del tejido social en México, motivo que no será tolerado por la ciudadanía ni por las asociaciones civiles. Previous Next

<VOLVER La CIDHPDA exhorta al estado Mexicano que visibilice y de solución a la violencia en Chiapas BOLETIN DE PRENSA 10 DE JULIO DEL 2023 La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), en voz de su Comisionado presidente, Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, se une al pronunciamiento del Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé De Las Casas” (Frayba), que acusa al Presidente de la República de mentir y encubrir la violencia en el Estado de Chiapas. El Frayba es una asociación fundada en 1989 por iniciativa de Samuel Ruiz García, entonces obispo católico de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas. Por medio de su sitio web denuncia constantemente los actos cometidos en contra de los derechos humanos y el 23 de junio lamentó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia matutina de ese mismo día, haya lanzado difamaciones en contra de las organizaciones de la Sociedad Civil y de Derechos Humanos en Chiapas, pues su negacionismo contribuye a la impunidad impulsada por las autoridades locales. Los territorios más afectados en estos momentos por la violencia son los Altos, Costa, la Frontera Sur, Norte y Selva del estado. El impacto de estas acciones ha perjudicado en gran medida a los pueblos originarios, por ello han optado por organizarse con el fin de combatir a la política del Estado mexicano que se mantiene omiso ante las amenazas de los grupos armados y la delincuencia organizada. A este respecto, el pasado 06 de julio, el Frayba denunció el resurgimiento de un grupo armado en el municipio de Pantelhó, lo cual, afirma el organismo, es parte de la violencia que ha imperado por años en Chiapas a causa de la disputa de dos grupos armados que buscan el control de la zona. Carlos Ogaz, coordinador del Área de Sistematización e Incidencia del Frayba, afirmó que esta situación se ha visto agravada por irresponsabilidad de las autoridades, quienes en lugar de trabajar por el bien de la gente, han tratado de utilizar la disputa entre camarillas delincuenciales para el control social, político, económico y territorial de la zona. La organización civil también se muestra preocupada por las descalificaciones del Ejecutivo en contra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), pues vulnera aún más a esta organización flagelada por ataques sistemáticos encabezados por grupos armados corporativistas. De acuerdo con el Frayba, desde el 2019 se han perpetrado más de 110 ataques armados contra las comunidades que pertenecen a la región zapatista de Moisés y Gandhi, entre los cuales se incluyen quema de escuelas y bodegas de café, agresiones armadas, tortura, secuestros y heridos de gravedad con armas de fuego. Los activistas del Frayba aseguran que los integrantes de esos grupos armados corporativistas son parte de la estructura gubernamental del municipio de Ocosingo por el Partido Verde Ecologista de México, quienes obtienen recursos de programas sociales como Sembrando Vida. Al respecto de este proyecto social, denuncian que su implementación en el territorio chiapaneco ha generado conflictos y tensiones entre un sector de la población que pugnan por la autonomía en el campo y quienes buscan acceder a este recurso a partir del control estatal, dejando de lado las necesidades de los pueblos originarios. La CIDHPDA hace un llamado al Estado Mexicano para que atienda las demandas de las organizaciones de la sociedad civil y le recuerda su obligación de solucionar la problemática en el Estado de Chiapas con una estrategia que ayude a la reestructuración del tejido social y preserve la vida humana. Previous Next

<VOLVER La comisión Iberoamericana de derechos humanos para el desarrollo de las américas (CIDHPDA) capítulo Puebla acredita a nuevos comisionados y anuncia programa social. 02 DE SEPTIEMBRE 2023 La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas Capítulo Puebla (CIDHDA-Puebla) entregó nuevas acreditaciones a los comisionados que han venido realizando trabajos en favor de la cultura de paz en las regiones más alejadas de la capital poblana. El acto se llevó a cabo en la sede de la comisión, con la presencia del Comisionado Presidente para América Látina y el Caribe el Dr. Víctor Hugo Gutierrez Yáñez y del Comisionado Presidente del Estado el Dr. Amado Sánchez Maceda. Los nuevos comisionados son: CARLOS ADOLFO ROMERO PARDO, EDGAR MARTÍNEZ RIVERA, FRANCISCO JAVIER CORONA GONZÁLEZ, GEORGINA GUADALUPE ROJAS JUÁREZ, JOSÉ EDUARDO LUIS VÁZQUEZ ÁVILA, JOSÉ EDUARDO TÉLLEZ CORTES, JOSÉ GÓMEZ PONCE, MARTHA ELENA SAAVEDRA CORTES, RUBÉN VIDAL OLVERA, SANDY BELL LORENZO AGUILAR, REYNA GARCÍA CARRANZA Ellos se suman al equipo de trabajo de la CIDHPDA-Puebla, que tiene como objetivo promover y defender los derechos humanos en el ámbito local, nacional e internacional, así como contribuir al desarrollo integral de las comunidades más vulnerables. Así mismo, realizó un acto de reconocimiento a personalidades que han apoyado su labor en el ámbito de los derechos humanos y el desarrollo social. Entre los galardonados se encuentran: la LIC. MARÍA GUADALUPE JUÁREZ ÁNGELES, DR. JORGE EDUARDO VERÁ ORTIZ, DR. ABEL SÁNCHEZ MACEDA, ING. ALEJANDRO RODRÍGUEZ CABAÑAS, LIC. ERICK ABRAHAM HONORATO ROJAS, MARÍA DE LA PAZ ORTIZ LLINAS, MARIALE AYÓN ORTIZ, así como a la UNIVERSIDAD VALLADOLID, quien prestó sus instalaciones para llevar a cabo dicho evento. El Dr. Victor Hugo Gutierrez agradeció desde sus respectivos ámbitos de acción y los exhortó a seguir colaborando con la comisión en sus proyectos y programas. Asimismo, reafirmó su voluntad de trabajar conjuntamente con las instituciones públicas y privadas que comparten la visión de una sociedad más justa, equitativa e incluyente. Asi mismo, durante el evento, el Dr. Sánchez Maceda anunció la etapa 2023 del programa Cobijando Corazones, dirigido a personas de escasos recursos en la sierra norte de Puebla, donde las temperaturas son muy bajas. El programa consiste en la entrega de cobijas, ropa abrigadora, alimentos y medicinas a las familias que viven en condiciones de pobreza y marginación. El Dr. Sánchez Maceda dijo que el programa se realizará con el apoyo de la sociedad civil, las autoridades locales y los medios de comunicación. El Dr. Sánchez Maceda expresó su agradecimiento a los nuevos comisionados por su compromiso con la causa de los derechos humanos y los invitó a trabajar con profesionalismo, ética y solidaridad. Asimismo, reiteró su disposición a colaborar con las instituciones públicas y privadas que busquen el bienestar de la población y el fortalecimiento del estado de derecho. Previous Next

<VOLVER La CIDHPDA condena el ataque de Israel a una escuela de la ONU en Gaza BOLETIN DE PRENSA México 07 DE JUNIO DEL 2024 Este jueves por la noche se registró un ataque aéreo israelí contra una escuela administrada por las Naciones Unidas en el centro de Gaza. Este plantel, al igual que muchas otras escuelas e instalaciones de la ONU, fungía como refugio para los 1,7 millones de palestinos desplazados que han escapado de sus casas durante la guerra. La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), en voz del Comisionado Presidente para América Latina y el Caribe, Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, condena estos hechos que ya ha dado como resultado cerca de 45 personas fallecidas, de acuerdo con el reporte del Ministerio de Salud de Gaza. El Ejército israelí se justificó diciendo que su objetivo era un supuesto complejo de Hamas que operaba dentro de la escuela, no obstante, la oficina de prensa del gobierno de Gaza rechazó tal afirmación. Medios de comunicación informan que al menos tres misiles impactaron en el edificio de tres pisos, donde se albergaba cerca de 20 mil personas. En la CIDHPDA exigimos al Gobierno israelí, encabezado por Benjamin Netanyahu, firme el alto al fuego y regrese la paz a esa región. Es inadmisible que se sigan vulnerando los derechos humanos de miles de palestinos y que personas inocentes estén perdiendo la vida. Así mismo, hacemos un llamado a respetar las instalaciones de la ONU y cualquier otra instalación administrada por organizaciones civiles que buscan otorgar ayuda humanitaria. Todo establecimiento que sirva como refugio debe ser protegido por todas las partes involucradas en el conflicto. Previous Next

<VOLVER CIDHPDA rejects the illegal detention of Fernando Hamdan BOLETIN DE PRENSA USA JULY 09, 2024 The Ibero-American Commission on Human Rights for the Development of the Americas (CIDHPDA), through its Ibero-American Council and in the voice of its Commissioner for Latin America and the Caribbean, Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, categorically rejects the illegal detention of our Commissioner in Bolivia, Fernando Hamdan, who has been used as a scapegoat for the attempt of an alleged failed coup d'état. The human rights activist, detained since July 7, accused of participating in the June 26 military uprising led by General Juan José Zúñiga, was taken to the San Pedro prison in the city of La Paz, by order of the Anticorruption and Violence Against Women Judge No. 5. He will remain in preventive detention for six months while investigations continue. With Hamdan, 25 people have been charged and remanded, including military and civilians, 15 of them under preventive detention and 10 under house arrest. Hamdan is accused of allegedly committing the crimes of terrorism and armed uprising against the security and sovereignty of the State. The commissioner president of CIDHPDA Bolivia, in a written statement, has said that the precautionary measures hearing disregarded his violent, undue and arbitrary detention. He also denounced that his rights have been denied by the authorities by dismissing his work as a human rights defender, regardless of his credentials: "the right to defend rights is enshrined and is what I have been developing these last 4 years". "Today they want me as a scapegoat for a conspiracy with no other purpose than to persecute me, to persecute others, for a false coup d'état", concluded Hamdan. While the government insists that Hamdan was posing as an activist, his defense warns of an interference of the Executive in the decisions of the Prosecutor's Office. On the other hand, Eduardo Del Castillo, Minister of Government, has assured that there are recordings, images, videos and testimonies of "how Fernando Hamdan would have participated in this illicit act", however, the defense highlights the fact that the testimonies that accuse the activist are from persons deprived of their liberty. We hold the Bolivian government responsible for the life of our commissioner for an unjust detention that has only come to stain the lives of human rights defenders who seek a free and democratic country to achieve a better way of life. Previous Next

<VOLVER La CIDHPDA exhorta al estado Mexicano a garantizar la democracia en las modificaciones a la reforma electoral 21 DE FEBRERO DEL 2023 La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), en voz del Comisionado Presidente para América Latina y El Caribe Víctor Hugo Gutíerrez Yáñez, exhorta al Estado Mexicano a que se garantice la democracia durante la discusión sobre el llamado “Plan B” de la Reforma Electoral, respetando las necesidades de la población y no de un partido político. En la noche del 20 de febrero, el Senado avaló la propuesta del Plan B y se envió al ejecutivo para su publicación. No obstante se dejó a un lado la cláusula de “vida eterna”, la cual consiste en la facultad que tiene un partido grande a transferir los votos a los partidos de coalición con poca fuerza electoral, lo cual impide que estos desaparezcan. Durante la aprobación de los cambios a la Reforma Electoral, la Cámara de Diputados no se apegó debidamente al marco legal dispuesto por el artículo 72, el cual establece que un proyecto de ley, que no sea exclusiva de alguna de la Cámaras, se discutirá en ambas. Por esta razón, no se puede aprobar en el Senado la modificación concerniente a la cláusula de vida eterna. Esta acción oscurece la aprobación de la Reforma Electoral, pues en lugar de tener claridad en la necesidad de mantener o quitar dicha cláusula, se excluye y se deja que el resto del Pan B pase al ejecutivo, dejando la posibilidad de que se retome y apruebe más adelante, como lo manifiestan algunos diputados preocupados por la poca transparencia en el proceso de aprobación de esta Reforma. La CIDHPDA exhorta al Estado mexicano a que no obstaculice las acciones de la Cámara de diputados y de la Cámara de Senadores en el proceso de renovación de la Reforma Electoral. Es necesario que se revisen aquellas reformas legales que podrían limitar las facultades para organizar las elecciones y que pongan en duda los resultados de los comicios. Previous Next

<VOLVER Exigimos al gobierno de Nicaragua garantizar la vida y los derechos humanos de los integrantes de la Universidad Centroamericana: CIDHDPA 17 DE AGOSTO DEL 2023 La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), en voz de su Comisionado Presidente para América Latina y el Caribe, Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, exigió al gobierno de Daniel Ortega cumplir con su obligación de en garantizar la vida y los derechos humanos de todos los integrantes de la Universidad Centroamericana. No puede señalar a la libertad de pensamiento como terrorismo, toda vez que esta libertad ayudó para que el movimiento sandinista llegara al poder. Este miércoles la Universidad Centroamericana de Nicaragua (UCA) anunció que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo los acusó de “terrorismo” y ordenaron incautar todos los bienes muebles, inmuebles y dinero de la casa de estudios jesuita. En el oficio de la justicia orteguista se les ha señalado “como un centro de terrorismo, organizando grupos delincuenciales”, argumento que, a consideración de la UCA, es infundado. La UCA se suma a una lista de instituciones educativas que ha sido confiscadas por el régimen nicaragüense, entre las que se encuentran la Universidad Hispanoamericana (Uhispam), denunciada por “falsear información”, lavado de dinero, no reportar sus estados financieros, entre otras causas. Estas acciones han preocupado a estudiantes, docentes y a la población en general, pues son intentos de controlar las universidades para acallar las voces críticas hacia la pareja presidencial. Estos ataques son una clara violación al artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el cual aboga por la libertad de expresión. También se está vulnerando el derecho a la libertad de conciencia y de religión amparado por el artículo 18 de la Declaración Universal y por el artículo 12 del Pacto de San José. La actual administración encabezada por Ortega y Murillo ha venido acumulando una serie de violaciones a los derechos humanos, por ejemplo, en febrero de este año 94 opositores y críticos fueron declarados como traidores a la patria, entre los que se contaban escritores, periodistas, activistas y miembros de la iglesia, como el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez. También es importante recordar la represión durante el proceso electoral del 2022, donde se detuvieron de manera arbitraria a siete personas precandidatas a la presidencia. En suma, Nicaragua enfrenta graves casos de censura a sus medios de comunicación, actualmente se encuentran en el exilio cuatro comunicadores: Juan Lorenzo Holmann, Tamara Dávila, Lesther Alemán y Miguel Mendoza, quienes habían sido encarcelados injustamente por casi dos años. Lamentablemente, en toda América Latina se cuentan casos que ponen en riesgo la libertad de expresión. El pasado 14 de junio, un tribunal guatemalteco sentenció al periodista José Rubén Zamora a seis años de prisión por lavado de dinero, sin embargo, su detención sucedió unos días después de haber publicado una investigación sobre “la trama rusa”, donde se señaló al presidente Alejandro Giammattei de recibir sobornos de empresarios rusos a cambio de beneficiarlos con concesiones de megaproyectos. En México las y los comunicadores también han visto sus derechos e integridad vulnerados. No solo no se ha podido resolver con eficacia la ola de violencia hacia este sector, también deben enfrentar los ataques en su contra por parte del representante del ejecutivo. Durante sus conferencias matutinas, el presidente Andrés Manuel López Obrador desestima el trabajo de periodistas críticos a su gobierno, lo cual legitima todo tipo de agresiones hacia ellos. Por otro lado, por medio de la ley, países como Venezuela, Honduras, Cuba y la misma Nicaragua han estado implementando legislaciones que ponen en riesgo la libertad de expresión. En El Salvador, por ejemplo, en el 2022 se hizo una reforma al Código Penal que pretende castigar con 15 años de cárcel a los reporteros que informen sobre las pandillas. Mientras que, en Venezuela, la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, aprobada en el 2017, ha venido utilizándose para hostigar a opositores, activistas y periodistas, acusándolos de fomentar al odio o a la discriminación. No es posible seguir permitiendo la censura ni los ataques a las personas que, en el ejercicio de la libertad de expresión, son encarcelados, violentados o mandados al exilio. Es intolerable que los gobiernos de izquierda repliquen las mismas prácticas de las que fueron víctimas cuando ostentaban el papel de oposición. Es por eso que, desde la CIDHPDA, instamos a todos los gobiernos de América Latina a cumplir su obligación de hacer valer los derechos humanos y las garantías individuales para todos los habitantes de su respectiva nación. Previous Next

<VOLVER The statements of the secretary of the interior on the designation of sits in the chamber of deputies violate the political rights of Mexican citizens: CIDHPDA. BOLETIN DE PRENSA USA JUNE 05, 2024 The Ibero-American Commission on Human Rights for the Development of the Americas (CIDHPDA), through its Commissioner President for Latin America and the Caribbean, Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, warned that the interference in the designation of spaces for the representation of deputies gives the ruling party the possibility of obtaining 75% of the representation in order to change the POLITICAL CONSTITUTION OF THE UNITED MEXICAN STATES. In this way, the 11 ministers of the Supreme Court of Justice of the Nation will be disregarded in order to impose an economic, political and social model through autocratic thinking. At Monday's conference, the head of the Ministry of the Interior gave a report on the results of the June 2 elections, announcing that the coalition “Sigamos Haciendo Historia” could obtain 372 seats in the Chamber of Deputies and 83 in the Senate; that is to say, it would be one seat away from obtaining a qualified majority. Gutiérrez Yáñez added that these results show an abuse of power, where dialogue, consensus and citizen participation are not being taken into account. Likewise, they throw overboard the elements for the construction of a democratic country, since INE's autonomous work has been exceeded by the declarations of Luisa María Alcalde as the person responsible for the Governance of the Mexican State. We alert the international community that Mexico is undergoing a transition with a democracy in which the division of powers will take a back seat, in order to impose a current of thought in the political and social model, in the overrepresentation and simulation of political parties. This is the case of the PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, where its participation has served as a wild card for the political purposes of all political currents, violating the human rights and political rights of all Mexicans. The President Commissioner of the CIDHPDA considered as necessary that the strength of the MEXICAN ELECTORAL INSTITUTE (INE) must come to the surface to find peace and social balance for all Mexicans. Previous Next

<VOLVER La CIDHPDA rechaza la desaparición forzada en Bolivia BOLETIN DE PRENSA México 04 DE JULIO DEL 2024 La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), en voz del Comisionado presidente para América Latina y el Caribe, Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, manifiesta su preocupación por el acoso a las personas sospechosas de haber participado en el supuesto intento de golpe de Estado en Bolivia. Katerine Antezana, esposa del general de Ejército en servicio pasivo Tomás Peña y Lillo, en una entrevista para el medio de comunicación EL DEBER denunció hostigamiento policial y aseguró que permanecerá en su domicilio a la espera de noticias de su esposo. Cabe señalar que Katerine estuvo internada en el hospital de Cossmil de La Paz. Peña y Lillo es una de las personas buscadas por la policía, acusado de haber colaborado con el general Juan José Zúñiga en el asalto militar fallido a Palacio Quemado, antigua sede del Gobierno boliviano. Este martes, se declaró en la clandestinidad en una entrevista con el periodista Jhon Arandia: “Me declaro en la clandestinidad, mientras no haya las garantías necesarias y mientras una autoridad competente no me diga que va a hacer respetar mi integridad y mi servicio a la patria leal durante 40 años”, dijo el militar. La activista Kelly Tejada, delegada de la CIDHPDA, explicó al medio EL DEBER que esta organización le ha brindado acompañamiento a la familia del general Peña y Lillo. También aseguró que se han presentado pruebas, como imágenes donde se observa que en las afueras de la casa del militar y su esposa: “la Policía sembró pruebas, arrojando bolsas que luego fueron presentadas, haciendo creer que se encontró armamento en ese lugar”. El viernes, el gobierno anunció 20 arrestos más, incluido un ex vicealmirante de la Marina. Ante esta situación, la CIDHPDA, en un oficio dirigido al Embajador de Bolivia en México, José Crespo Fernández, ha solicitado información sobre las 21 personas detenidas, entre ellas: José Zúñiga Macías, excomandante del Ejército; Juan Arnez Salvador, vicealmirante y comandante de la Armada; Aníbal Abel Aguilar Gómez; supuesto gestor ideológico del plan y analista de inteligencia; Julio Omar Buitrago Sempértegui, jefe de Inteligencia. De igual forma, expresó su preocupación por las condiciones que estarían atravesando las personas desaparecidas, como el mencionado General Tomás Peña y Lillo; Juan Carlos Calderón de la Riva, vicepresidente de la UMSP Nacional y José Antonio Ágreda Mendívil, del servicio pasivo. Por último, la CIDHPDA solicitó información sobre las personas buscadas: Eduardo Calderón de la Riva Lazcano, Oscar Goitia Ledezma, Edwin Cruz Huanca y Ronny Silva Tintaya. Frente a las sospechas de un “autogolpe”, es indispensable realizar una investigación de los hechos ocurridos el pasado 26 de junio con el fin de obtener claridad sobre el móvil del atentado y hacer que los auténticos responsables rindan cuentas. Al respecto, Tomás Peña y Lillo, en la entrevista con Jhon Arandia, consideró necesario una investigación internacional con el fin de garantizar la transparencia. De hacerse de esta forma, el general aseguró que se sometería de inmediato y se presentará con todas las garantías. La situación actual en Bolivia se torna cada vez más tensa y se reportan casos de represión policial, como el que se le ha imputado a Eduardo del Castillo, ministro de Gobierno de Bolivia, señalado de meter presas a dos mujeres inocentes por haber grabado el momento en el que policías cometían abusos en plena vía pública. Dadas estas circunstancias, hacemos un llamado a la Comunidad Internacional para mantenerse al pendiente de la seguridad del pueblo boliviano. La CIDHPDA, organización civil internacional que promueve y protege la defensa de los Derechos Humanos, tiene como interés primordial preservar la vida y la dignidad humana de todos los hermanos latinoamericanos. Bajo este objetivo, exigimos al presidente Luis Arce Catacora que el Estado Boliviano respete los acuerdos internacionales que ha ratificado con las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) en materia de Derechos Humanos. Previous Next

<VOLVER La riforma del sistema giudziario in Messico eliminera la divisione dei poteri: CIDHPDA BOLETIN DE PRENSA Italia 06 SETTEMBRE 2024 La Commissione iberoamericana dei diritti umani per lo sviluppo delle Americhe (CIDHPDA), attraverso il suo Consiglio nazionale, ha sottolineato che la divisione dei poteri garantisce che le attribuzioni, le competenze e i poteri concessi ai vari organi dello Stato siano esercitati in un quadro di pieno rispetto e autonomia. Nel Governo federale non possono continuare a prevalere né l'anarchia né l'assolutismo politico. L'obiettivo dello Stato è l'affermazione della libertà, che sarà più efficace in un sistema moderato, cioè in cui vi sia un equilibrio tra i tre rami del governo. Per questo motivo, la separazione dei poteri è un mezzo per garantire ai cittadini le garanzie e i diritti che spettano loro. L'ICHRDPA propone quindi la distribuzione dei poteri a diversi organi, in modo che questi possano stabilire dei limiti tra di loro. Uno dei rischi maggiormente evidenziati nella Riforma giudiziaria è la possibile perdita di indipendenza dei giudici, poiché se vengono proposti dal capo dell'esecutivo, avranno un'affinità con la persona al potere e il partito politico che rappresenta. Questa situazione indebolirà lo Stato di diritto, la protezione dei diritti umani e la sicurezza, aumentando l'impunità e gli abusi da parte delle autorità. Il Consiglio nazionale della CIDHPDA sottolinea che il principio della divisione dei poteri è parte integrante e caratteristica essenziale dello Stato di diritto. Questo principio, sancito dall'articolo 49 della Costituzione politica degli Stati Uniti messicani, stabilisce che l'esercizio dei poteri della Federazione è suddiviso in Legislativo, Esecutivo e Giudiziario. Il Consiglio nazionale della CIDHPDA avverte che se i giudici, i magistrati e i ministri saranno nominati dall'Esecutivo con voto diretto, l'equilibrio che esiste da più di 50 anni potrebbe scomparire, poiché il processo decisionale si concentrerà nell'Esecutivo. Previous Next

<VOLVER Nuestra solidaridad con los trabajadores de aves de combates y de servicios: ecuestres: CIDHPDA BOLETIN DE PRENSA México 19 DE ENERO DEL 2025 La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de la Américas (CIDHPDA), en voz de su Comisionado Presidente para América Latina y el Caribe, Dr. Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, se solidariza por las lamentables declaraciones y la iniciativa de decreto del Gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, para suspender los combates de gallos y las carreras ecuestres en la entidad, pues esta propuesta que supuestamente busca pacificar mediante la prohibición de una tradición mexicana que le ha dado identidad y trabajo al estado por más de 50 años. El gobernador presentó diversas iniciativas para mejorar la seguridad en el estado, como la suspensión de las peleas de gallos y carreras de caballos, y una reforma a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial para que los motociclistas lleven el número de matrícula visible en sus cascos, con el fin de combatir actividades ilícitas. Además, desde el 20 de diciembre de 2024, se regula el horario de bares y cantinas, exigiendo su cierre a las 2 de la madrugada para mejorar la seguridad. La fiscalía justificó la prohibición de las peleas de gallos y carreras de caballos como temporal y necesaria para garantizar la paz y seguridad en Chiapas, sin embargo, en respuesta el sector afectado organizó una marcha en Tuxtla Gutiérrez el jueves pasado, defendiendo estas actividades como parte de su sustento económico. Rechazaron la idea de que sus actividades fomenten la inseguridad, asegurando que son eventos familiares y seguros, regulados por autoridades. Los organizadores de las protestas insistieron en que la prohibición perjudica a miles de familias que dependen de estas actividades para su sustento. Algunos, como el corredor de caballos Candelario Liévano, afirmaron que realizan sus eventos con todos los permisos y protocolos de seguridad, negando que operen en la clandestinidad. De acuerdo con el presidente de la Sección Nacional de Criadores de Aves de Combate, Tradiciones Unidas por México, Efraín Rábago, las peleas de gallos generan alrededor de 30 mil empleos “Aparte de los aficionados y los empresarios, hay laboratorios bien montados, fábricas de alimentos, fábricas de suplementos alimenticios. Es un mundo de personal. Por eso considero que no es una buena decisión. Los que nos reunimos para las peleas y carreras de caballos no somos delincuentes”, declaró para la prensa. Gutiérrez Yáñez consideró que este tipo de prohibiciones rayan en el autoritarismo, pues solo generaran represión y dañan la dignidad humana con el hecho de señalar delincuentes a personas que mediante criaderos certificados han puesto su vida y patrimonio en su trabajo, entre ellos empresarios, médicos veterinarios, licenciados en ciencias ecuestres y personas con años de experiencia en el sector. Prohibir de forma tan abrupta las peleas de gallos y las carreras de caballos, incluso si es de manera temporal, sin antes tener un plan de apoyo o alternativas de empleo para los trabajadores de este sector, resulta ser una medida irresponsable. Por otro lado, no se tiene certeza de que sucederá con la manutención y cuidado de los animales mientras no se generen ingresos por la suspensión de las actividades. Además, las autoridades no muestran las pruebas suficientes de que la prohibición de estos espectáculos sea una solución eficiente para la pacificación del territorio chiapaneco. El Comisionado Presidente aseveró que el diálogo a través de la mediación, mesas de trabajo y la regulación del sector por parte de un gobierno estatal abierto a escuchar a todas las partes involucradas, podrá llevar a legislaciones correctas y no buscar culpables del alto incremento de la seguridad que vive el país. Señaló también que la iniciativa del gobierno de Chiapas violenta el libre desarrollo de las personas, así como el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del Título Primero de las Garantías y Derechos Humanos donde se describe que toda persona puede dedicarse a la profesión u oficio de que mejor le convenga de manera lícita: “A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícito.” “Se debe considerar que el tema de seguridad, no solo se basa en castigar al sector comercial en ferias regionales, las cuales miles de personas esperan año con año para poder participar en actividades comerciales para la manutención de su familia. Es aún más importante contar con aliados para detener el crecimiento de la delincuencia, y tomar medidas serias para un verdadero Estado de Derecho, trabajar en la profesionalización de ministerios públicos, policías estatales, policías municipales, crear áreas de inteligencia que ayuden a detener el acceso de armas de alto calibre que vienen de Estados Unidos, castigar severamente la corrupción de las instituciones públicas (que muchas veces solapan actividades ilícitas) y no afectar mediante medidas coercitivas el trabajo honesto de la comunidad”, concluyó Gutiérrez Yáñez. La CIDHPDA exhorta al Gobernador a tener un Gobierno abierto que ayude a mejorar la vida de las y los chiapanecos de todos los sectores y realizar acciones que verdaderamente ayuden al fortalecimiento de los Derechos Humanos en su Estado. Previous Next

<VOLVER La CIDHPDA condena el atentado en contra de un hospital en Gaza 19 DE OCTUBRE DEL 2023 La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), en voz de su Comisionado Presidente para América Latina y el Caribe, Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, señaló de INACEPTABLE el ataque aéreo en contra del Hospital al-Ahli en Gaza, hecho que representa un atentado en contra de la vida humana al haber dejado un saldo de más de 500 personas palestinas muertas, siendo la mayoría de ellas mujeres y niños. En dicho hospital se refugiaban 2 mil personas luego de evacuar sus casas a razón de los constantes bombardeos. Las víctimas de este nuevo atentado se suman a los 2 mil 778 fallecidos y a los 9 mil 700 heridos en Gaza, de acuerdo al conteo del Ministerio de Salud de la zona. Por otro lado, se calcula alrededor de mil 200 personas sepultadas bajo los escombros. En suma, las condiciones actuales en la Franja de Gaza dificultan los trabajos de rescate, pues se presentan obstáculos para la llegada de ayuda humanitaria y existe una falta de recursos esenciales, como el internet y el combustible. Hamás responsabiliza a Israel por el atentado, pues este país no ha dejado de bombardear el territorio gobernado por este grupo militar desde que inició el conflicto. Por su parte, Israel niega la autoría del ataque y culpa a la Jihad Islámica de ser el causante del lanzamiento fallido del cohete, según declaraciones del Ejército israelí, que a su vez ha manifestado que sus ataques van dirigidos a presuntos escondites, infraestructura y centros de mando de Hamás. El personal médico ha resultado gravemente afectado por la guerra entre Israel y Palestina. El lunes por la mañana, aviones israelíes atacaron la base de Defensa Civil en Ciudad de Gaza, matando a siete paramédicos. Por otro lado, algunos hospitales se han visto en dificultades para seguir operando, pues la falta de combustible ha provocado que algunos centros médicos detengan sus actividades. En la CIDHPDA condenamos la embestida en contra de la vida humana y al criminal bombardeo deliberado al hospital. Ninguna lucha o ideología política justifica el asesinato de miles de personas. Esta guerra violenta a todas luces el Estado de Derecho Internacional Humanitario, por lo que hacemos énfasis en que ninguna nación puede estar por encima de los acuerdos y protocolos internacionales. Exigimos respeto al Estatuto de Roma, el cual “dispone la creación de una Corte Penal Internacional permanente con competencia sobre crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra”. Manifestamos nuestra más profunda solidaridad a todas las personas de la Franja de Gaza por la situación que los aqueja. Previous Next