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LA CIDHPDA CONDENA LA VIOLENCIA EN ARGENTINA ANTE ATENTADO A LA VICEPRESICENTA CRISTINA DE KIRCHNER. Foto: internet 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHDPA) lamenta profundamente el agravio que sufrió la Vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner y rechaza todo acto de violencia en la Republica de Argentina. La noche del jueves 1 de septiembre en Buenos Aires, mientras la vicepresidenta saludaba a una multitud que se encontraba en las puertas de su domicilio, en el barrio de Recoleta, un hombre armado la intento asesinar apuntándole a la cabeza con una pistola cargada que, por motivos desconocidos, no se detono. El atacante fue identificado como Fernando Sabag Montiel, es un ciudadano brasileño de 35 años, quien reside en Argentina desde la década de 1990. Este hecho se suma a la lista de actos violentos perpetrados en contra de personajes pertenecientes al ámbito político. Como el sufrido por Héctor Olivares (Argentina) en 2019, Jair Bolsonaro (Brasil) en 2018, Luis Donaldo Colosio (México) en 1994, Luis Carlos Galán Sarmiento (Colombia) en 1989, etc. La CIDHPDA condena todo acto que violente los Derechos Humanos y exhorta a las autoridades competentes a que se investiguen los hechos con un enfoque de derechos humanos con el fin de que en todos los países de América Latina se implementen mejores políticas en materia de seguridad, para frenar la violencia no solo en contra de figuras del ámbito político sino de toda la población latinoamericana.

NECESARIO QUE EXISTA DESISTIMIENTO POR PARTE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL CASO VALLARTA. LAMENTABLE LA OMISIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS (CNDH) EN EL CASO VALLARTA. 29 DE AGOSTO DE 2022 La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHDPA) en voz de su Comisionado para América Latina y el Caribe, Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez resaltó la importancia del Documental de Netflix: “El caso Cassez Vallarta: una novela criminal”, donde lamentablemente la justicia mexicana, mediante un montaje, violentó a todas luces los DERECHOS HUMANOS. Gutiérrez Yáñez señaló que es necesario llamar a cuentas al ex-Presidente FELIPE CALDERÓN por la omisión de que consideró un proceso judicial como capricho político y resaltó que el daño al proyecto de vida en contra de Israel Vallarta ha causado daños irreparables a él y a su familia, por lo que se exige la libertad inmediata. En 2005 durante el noticiario matutino conducido por Carlos Loret de Mola, se transmitió un operativo en el cual se arrestó a dos personas, la francesa Florece Cassez y el mexicano Israel Vallarta, quienes presuntamente lideraban un grupo de secuestradores denominado El Zodiaco, hecho que fue desmentido tiempo después por las autoridades federales, quienes reconocieron que dicha detención había sido un montaje por parte de los medios de comunicación, ya que ambos fueron detenidos y torturados horas antes . La serie narra el montaje operativo donde detuvieron a Casses y Vallarta en el rancho Las Cochinitas, en el que se vieron involucrados empresarios, políticos y periodistas, incluidos los ex presidentes de México y Francia, Felipe Calderón y Nicolas Sarkozy. Aunque varios de los integrantes han demostrado su inocencia en Tribunales, actualmente 3 de los implicados (Mario, Sergio e Israel) continúan privados de su libertad, sin recibir sentencia y en prisión preventiva. Dicho suceso pone de relieve los casos donde se culpa de delitos a personas inocentes, en ocasiones por oponerse a megaproyectos, defender derechos, territorio, medio ambiente, por estorbar a un político o solo el ser pobres y no contar con padrinos que les protegieran de un sistema judicial y carcelario, no sólo corrupto e inepto, sino profundamente racista y clasista. A pesar de la Ley de Amnistía publicada el 22 de abril de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, los delitos graves como homicidio, secuestro, extorsión, entre otros, tienen penalidades más altas y la amnistía no aplica para casos que atenten contra la vida, la integridad o la libertad, aun cuando se les acredite irregularidades durante el proceso. Y precisamente son estos delitos los que se les fabrican, a los injustamente presos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2021 (ENPOL 2021) “de las personas privadas de su libertad 44% reportó estar en prisión por haber sido acusada falsamente de un delito. De estas personas 43% reportó haber sido detenida sin una orden de aprehensión. Además, de las personas presas que sí fueron interrogadas (ya que no todas fueron interrogadas), 42% fue golpeada para echarse la culpa de lo que lo acusaban y 34% fue engañado. Por otro lado, de las personas en prisión que no tenían sentencia, 24% pasó más de dos años en lo que se les dictaba una sentencia. Por último, es importante señalar que de las personas en prisión sólo 25% de la población con una sentencia tuvo un asesor (abogado) privado.”[1] Así mismo, la Organización Impunidad Cero en los resultados del índice estatal de desempeño de procuradurías y fiscalías 2021 resaltó que el 99% de los delitos quedan en impunidad y de acuerdo con el análisis de México Evalúa, las causas radican en que las defensorías públicas y las Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas (CEAV) carecen de apoyo y recursos para desarrollar investigaciones o análisis periciales propios, lo que hace que se abran menos investigaciones, aunado a un incremento de la prisión preventiva oficiosa en un 21%, así como de los procedimientos abreviados en un 16%. Ante el caso Cassez - Vallarta, el Comisionado para América Latina y el Caribe puntualizó que es lamentable la actuación de la COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS (CNDH) al NO involucrarse en un caso donde su obligación Constitucional es defender los Derechos Humanos de todas y todos los mexicanos. Así mismo, recalcó que en prisiones mexicanas existen muchos encarcelados injustamente, por lo que es necesario crear una Comisión de Revisión de Procesos y encontrar la forma de garantizar una justicia efectiva y congruente a la realidad que vive el país. [1] INEGI. Encuesta Nacional de Personas privadas de su libertad, 2021.

EL GOBIERNO DE LA 4T DEBE DE RESPETAR LA DIVISIÓN DE PODERES. MÉXICO DEBE FORTALECER LA AUTONOMIA DEL PODER JUDICIAL 27 DE AGOSTO DE 2022 La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA) en voz de su Comisionado para América Latina y el Caribe Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, calificó que después de las declaraciones del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, donde el pasado jueves aseguró que eliminar la prisión preventiva oficiosa, una posibilidad que contempla la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), representaría el fin de “toda la estrategia de seguridad” del gobierno federal. “Si este proyecto llegara a declararse viable, pues estaría terminando con toda la estrategia de seguridad de este país y yo creo que eso no lo merecen los mexicanos”, dijo ante diputados de Morena. Gutiérrez Yáñez recalco que una medida de carácter punitivo que daña la presunción de inocencia, que afecta al Derecho de la Defensa y transgrede el Articulo 8.3 de la Convención Americana no debe estar esta decisión en manos del poder ejecutivo. Considero que México con este tipo de presiones donde el Poder Ejecutivo representado por el Presidente de la República LIC. ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR y su Gabinete violentan los Derechos Humanos ya que no respeta los tratados internacionales que ha venido ratificando, principalmente sobre las Garantías Judiciales como lo señala la Convención Americana. Exhortó a los integrantes de la Suprema Corte de Justica de la Nación que es necesario analizar y hacer valer el SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS que encabeza la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS y la autonomía de esta honorable institución en favor de la dignidad humana. Manifestó que es necesario generar una coordinación nacional de SEGURIDAD que cubra aspectos interdisciplinarios, para que se pueda orientar al Gabinete de la de Seguridad y se pueda implementar una estrategia efectiva con varios factores que ayuden a disminuir la violencia que va en aumento, donde se deban considerar aspectos como : La prevención del delito, programas que ayuden a la restructuración del tejido social, fortalecimiento de organizaciones civiles de apoyo psicológico y atención a víctimas, programas efectivos desde el nivel municipal y Estatal sobre cultura de paz, educación para la paz y aulas para la paz, programas de reinserción social que permitan generar un cambio en las personas que han cometido algún delito y la profesionalización del servicio publico en la atención del posible delito. Lamentó que la 4T este militarizando al país, y que busque establecer un estado marcial punitivo con acciones que violentan a todas luces el debido proceso, al no apoyarse con estrategias que prevengan situaciones que están dañando el tejido social. Consideró que México debe fortalecer la autonomía del Poder Judicial, generar mayor control en los requisitos para ser Jueces Locales y Federales, certificación en los controles de confianza mediante acciones de revisión constante para evitar la corrupción. Señalo que México ha avanzado en materia de Derechos Humanos después de la Reforma Política del 11 de Junio del 2011, y que este logro histórico no debe caer por presiones políticas con el fin de tratar de poner orden, sin ninguna estrategia efectiva que ayude a fortalecer la dignidad humana, ya que la omisión de una estrategia de seguridad también debe ser considerada un acto de corrupción, al devengar un salario por servicios públicos de seguridad ciudadana y no realizar estas actividades de manera eficiente.

OTORGA EL INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CIENCIAS JURÍDICAS EL DOCTORADO HONORIS CAUSA A 7 DESTACADOS PROFESIONALES MEXICANOS. El evento se llevó a cabo en el salón Chopín del reconocido hotel Emporio de la Ciudad de México. Lenin Enrique Ignacio Vásquez, Marcia Idania Rueda Cabrera, Adrián Treviño Vázquez Miguel Ángel Guendulain Diaz, Rene Ramírez Vázquez, Martin Pedro Gámez Hernández y Norma Abarca Ramírez, fueron los profesionistas a quienes se les otorgo la distinción honorifica. 26 DE AGOSTO DE 2022 El Consejo Evaluador del Instituto de Iberoamérica para la Defensa de los Derechos Humanos y Ciencias Jurídicas (IIDDHCJ) otorgo el Doctorado Honoris Causa a 7 personalidades de la sociedad que se han caracterizado por su labor en beneficio de la protección y salvaguarda de los Derechos Humanos. La Ceremonia de Investidura, se realizó el día 25 de agosto del año en curso en el conocido hotel Emporio de la Ciudad de México y fue presidida por el Dr. Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, Comisionado Presidente para América Latina y el Caribe y Presidente del Consejo Consultor IIDDHCJ. Los galardonados fueron investidos y rindieron protesta de su TÍTULO HONORÍFICO, en una ceremonia solemne, a través de destacadas personalidades del presídium, representados por el Doctor Primer Gran Instructor, el Teniente Manuel Guzmán García; el Doctor Segundo Gran Instructor Enrique Langle de Anda; el Primer Estandarte, Esaú Flores Tapia y el Segundo Estandarte Agricol Lozano Gómez. A través de este título los miembros del Consejo Evaluador reconocen la trayectoria profesional y social de cada una de las personas que fueron investidas y las exhortó a continuar trabajando con rectitud y honradez con el fin de contribuir a la reestructuración del tejido social, dentro de cada una de sus áreas de especialización y áreas de responsabilidad. Los galardonados son: Lenin Enrique Ignacio Vásquez Estudios en psicología, por más de 18 años en el Estado de Oaxaca, al servicio de la promoción de la salud, realizando labores en las comunidades más desprotegidas del Estado para activar y promover los derechos a salud, a fin de fortalecer una vida digna. Marcia Idania Rueda Cabrera Estudios en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha contribuido por más de 20 años a promover y difundir el conocimiento jurídico, así como promover temas anticorrupción y el fomento a actividades deportivas y recreativas para una salud física y mental en favor de la protección y garantía de los Derechos Humanos de los sectores más vulnerables de la sociedad. Adrián Treviño Vázquez Estudios en Doctorado en Ciencias Jurídicas, ha contribuido por más de 39 años al servicio de las familias realizando actividades altruistas y de voluntariado, capacitando, brindando ayuda humanitaria, predicando y fomentando la cultura de la Paz, igualdad y respeto a los derechos humanos. Miguel Ángel Guendulain Diaz Estudios en Pedagogía por la Universidad Tecnológica Latinoamericana. Ha contribuido, por más de 32 años, en la atención medica prehospitalaria y en el salvamento de vidas humanas. Ha participado en la Cruz Roja Mexicana, Delegación Oaxaca, como voluntario, Coordinador de Servicios Especiales, Jefe Sección de Radio Comunicación, instructor, Coordinador Académico, Comisionado Estatal y Director Operativo de la Escuela Estatal de Técnicos en Urgencias Médicas. Equipo Nacional de Formadores del Equipo Nacional de Voluntariado. Desde 2011 es el Director General del Centro Estatal de Evaluación de Atención Prehospitalaria Oaxaca A.C. Rene Ramírez Vázquez Estudios en derecho por la universidad autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Ha contribuido, por más de 27 años servicio de la investigación criminal, de la procuración de justicia, de la seguridad nacional y de la seguridad pública, con el fin de proteger y garantizar los Derechos Humanos de la población. Se ha desempeñado como coordinar, comandante regional, supervisor general y como comandante encargado. Martin Pedro Gámez Hernández Estudios en odontología, por la Facultad de Odontología de la UABJO. C. U. en Oaxaca, ha servido al sector salud por más de 30 años fungiendo como asesor, jurado, formador y profesor, contribuyendo en la enseñanza y formación de profesionales de la odontología en favor en favor del fortalecimiento de los Derechos Humanos, asegurando el derecho a la atención medica de manera profesional, ética y responsable, en condiciones de respeto y dignidad. Norma Abarca Ramírez Estudios en Administración de empresas, ha contribuido por más de 22 años a la Defensa, promoción y protección de los Derechos Humanos. Se ha desempeñado como representante de fuerza, jefa de departamento, coordinadora regional, directora general, conductora de radio, empresaria y presidenta de organizaciones como FUSIAM, FUNDACION SIEMPRE AMIGOS u OIDEM.

NECESARIO ESCLARECER LOS HECHOS Y CASTIGAR A LOS IMPLICADOS: CIDHPDA Foto: internet 22 DE AGOSTO DE 2022 La Comisión Iberoamericana de Derecho Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA) solicita que sea llamado a juicio el expresidente Enrique Peña Nieto, por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ante las conclusiones que dio a conocer el informe presentado por la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, el pasado jueves 18 de agosto, donde la investigación reveló que se trató de un CRIMEN DE ESTADO en el que se involucraron integrantes de grupos delictivos y agentes de diversas instituciones estatales. El jueves 18 de agosto, durante la conferencia de prensa el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración del Gobierno de México, Alejandro Encinas dijo que las autoridades a nivel municipal, estatal y federal tuvieron conocimiento de la movilización y desaparición de los estudiantes, pero hicieron caso omiso de lo sucedido. Los hechos ocurrieron el 26 de septiembre de 2014, donde 43 estudiantes de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa desaparecieron en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, cuando se dirigían a una protesta en Ciudad de México en conmemoración de la tragedia estudiantil: la masacre de Tlatelolco de 1968. Han transcurrido 8 años y aún se desconoce su paradero. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, se dieron a conocer los supuestos hechos ocurridos con los estudiantes, sin embargo, esto se trató de una acción organizada del aparato de poder que encubrió la verdad de lo sucedido, alterando escenas del crimen, ocultando la participación y vínculos de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y responsables de la procuración de justicia con el grupo delictivo, en la desaparición de los estudiantes. Es por ello que la CIDHPDA exige al gobierno de la 4T, esclarecer los hechos y castigar a aquellos que hicieron caso omiso o encubrieron este crimen, sin importar su cargo; así como solicitar a las autoridades correspondientes, sea revisado a fondo este CRIMEN DE ESTADO, que ha violentado los Derechos Humanos.

CRIMEN ORGANIZADO AUMENTA VIOLENCIA EN COLIMA URGE FRENAR LA VIOLENCIA ANTE OLA DE VIOLENCIA EN TERRITORIO NACIONAL Actos violentos en Colima. Fuente: Twitter 22 DE AGOSTO DE 2022 La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), exhorta a la gobernadora del estado de Colima Indira Vizcaino Silva y al secretario de seguridad publica Manuel Llerandi Ruiz a proteger y garantizar los derechos humanos de los habitantes del estado de Colima, quienes se han visto envueltos en una ola de violencia provocadas por el crimen organizado. A través de redes sociales se difundieron imágenes de la detención del líder de la célula criminal derivada del Cartel Jalisco Nueva Generación, José Bernabé Brizuela, alias La Vaca, el pasado jueves 18 de agosto, desató una ola de violencia en el estado de Colima, en la que habitantes de dicho estado vivieron quema de vehículos, bloqueos, balaceras y ataques a comercios. Colima ha sido territorio de disputa de distintos cárteles en los últimos años derivado de conflictos entre integrantes del narcotráfico debido a que en su territorio se sitúa el puerto de Manzanillo, un punto de entrada estratégico para el transporte de drogas. De enero a julio de este año, el Estado ha registrado 516 homicidios, un incremento de un 36% respecto al mismo periodo de 2021, según las cifras de la Secretaría de Gobernación. La CIDHPDA hace un llamado a las autoridades del estado de Colima, así como al Gobierno de la 4T a no eludir las cifras y a frenar la violencia, no solo en Colima, sino en todo el territorio nacional, con el fin de proteger y garantizar los derechos humanos.

LA CIDHPDA PIDE GARANTIZAR Y PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS ANTE PRÁCTICAS DISCRIMINATORIAS EN RESTARURANTES. NECESARIO VERIFICAR ESTABLECIMIENTOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Foto: Cuartoscuro 04 DE AGOSTO DE 2022 La denuncia en redes sociales de un trabajador del restaurante Sonora Grill Prime, ubicado en Polanco, acerca de prácticas elitistas y racistas desataron una serie de denuncias, donde trabajadores reportaron violaciones de derechos humanos en el sector restaurantero. De acuerdo con la Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México (EDIS), elaborada por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (COPRED) del año pasado,la principal causa de discriminación es la pobreza y las personas más discriminadas son las de piel morena. Ante tales hechos, la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA) en voz de su Comisionado Nacional de Fomento y desarrollo Empresarial, Enrique Langle de Anda, señaló que es necesario que la PROFECO en conjunto con la Secretaria de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, así como la Alcaldía Miguel Hidalgo realicen actividades de verificación ante los señalamientos de los comensales. Aseveró que la Ley de Establecimientos Mercantiles de la CDMX debe de integrar la obligatoriedad de certificar establecimientos para que respeten los Derechos Humanos, en los que se lleven a cabo la creación de buzones de atención ciudadana donde se puedan identificar los abusos, así como diagnósticos internos, la implementación de políticas que permitan aumentar la diversidad étnico – racial en sus operaciones, de igual manera capacitar y sensibilizar en temas relacionados con desigualdades provocadas por el racismo. Se debe garantizar Derecho de igualdad y no discriminación por lo que no es justificable distinguir, excluir o tratar como inferior a persona alguna, sin fundamento para ello. La discriminación debe ser prevenida mediante la promoción de valores como la igualdad, el respeto y la tolerancia; de esta manera se consolida una sociedad realmente igualitaria y democrática donde las diferencias convivan en armonía. Para ello es necesario promover la cultura de los derechos humanos y garantizar su protección.

NECESARIO CREAR UNA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD QUE AYUDE A GARANTIZAR LA VIDA DE ESTUDIANTES Y DE SUS DERECHOS HUMANOS EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL EN MATERIA DE SALUD NO DEBE DE SER AFECTADA POR LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 20 DE JULIO DE 2022 La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHDPA) en voz de su comisionado presidente para América Latina y El Caribe, Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez señaló una profunda preocupación de que el Gobierno Mexicano no esté garantizado los Derechos Humanos de miles de Estudiantes de Medicina en regiones del Territorio Nacional y que lamentablemente estén perdiendo la vida. Señaló que el REGLAMENTO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO SOCIAL DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR EN LA REPUBLICA MEXICANA es obligatorio para todo estudiante universitario y debe contar con todas las condiciones de seguridad en los lugares donde se encuentren, para no ofertar plazas en sitios inseguros, no responsabilizar a los pasantes de la atención de la salud en las comunidades sin acompañamiento y atender oportunamente las quejas y denuncias. Esto a raíz del asesinato del pasante de medicina de la Universidad Autónoma de Durango (UAD), Eric David Andrade Ramírez, quien el pasado viernes 15 de julio, alrededor de las 17:00 horas dentro del Hospital Integral de El Salto, Pueblo Nuevo, Durango, un hombre bajo los efectos de las drogas, le disparó varias veces en la cabeza. Hecho que causó mayor indignación entre la sociedad civil y la comunidad médica, ya que tres días antes, un caso similar ocurrió en San Juanito, Bocoyna en Chihuahua, donde la doctora Masiel Mexía fue asesinada a balazos en la Sierra Tarahumara. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Médicos en formación hasta el 2018, había 633 denuncias de asesinatos de pasantes y otras 78 por agresiones físicas. Los Estados más peligrosos para ejercer dicha profesión son: Tijuana, Baja California, Ciudad Juárez, Chihuahua, León, Guanajuato, Cajeme, Sonora y Guadalajara, Jalisco. Sucesos como este se han vuelto frecuentes para el gremio de médicos que se encuentran realizando su servicio social, quienes son enviados a lugares donde las condiciones de seguridad, y aquellas para realizar prácticas médicas no son las adecuadas. Ya sean secuestros, persecuciones, camionetas incendiadas, amenazas de narcotraficantes, caminatas en la montaña de hasta un día, operar y sin energía eléctrica ni agua potable; reportes de manoseos, acoso y violaciones sexuales a mujeres, sicarios apuntando al personal médico mientras maniobra. Son experiencias que todos los días viven los médicos mexicanos que, por ley, realizan su servicio social y pasantía en zonas de alta marginación. Por lo cual, la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHDPA), en voz de su comisionado para América Latina y El Caribe, Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez exige al Gobierno de la 4T, así como a las autoridades de la entidad crear una estrategia de seguridad que ayude a garantizar la vida de estudiantes y de sus derechos humanos para brindar mayor protección a las personas que se dedican a la medicina y poner un alto a la violencia en el país.

LA CIDHPDA PONE DE RELIEVE EL AUMENTO DE LA INVERSION A CENTROAMERICA URGE INCREMENTAR LAS INVERSIONES PARA FRENAR MIGRACIÓN. 12 DE JULIO DE 2022 La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA) subraya la urgencia de incrementar las inversiones a los países centroamericanos, para detener las olas de migración y potenciar la economía con el fin de hacer frente a la inflación, esto a raíz de la reunión del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, con el presidente de Estados Unidos Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, que se lleva a cabo el día de hoy 12 de julio en Washington. La tragedia del pasado 27 de junio en San Antonio, Texas, pone en relieve el tema migratorio, así como los nulos esfuerzos de los gobiernos por frenar esta problemática, esto ante la falta de compromiso de inversión en los países de Centroamérica que conlleva que las personas migren a Estados Unidos por falta de oportunidades. Durante la Cumbre de las Américas la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris anunció compromisos por 1.900 millones de dólares de 10 compañías, que serán destinados a los países del Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) región que padece especialmente de causas que favorecen la migración y el desplazamiento forzado, como pobreza extrema, falta de oportunidades laborales, inseguridad y violencia. Se hace necesario que los gobiernos de todo el continente Americano redoblen esfuerzos para hacer frente a las problemáticas que permean hoy en día y que se han ido incrementando con el paso de los años. Por lo cual, la CIDHPDA hace un llamado a los gobiernos para incrementar la inversión en los países Centroamericanos que permita mejorar la economía, frenar la ola migratoria y hacer frente a la inflación, para crear un ecosistema de oportunidades que ayude a brindar esperanza a las personas de la región para construir vidas seguras y prósperas en sus hogares.

LA CIDHPDA SE SOLIDARIZA CON LA COMUNIDAD JESUITA POR EL ASESINATO DE LOS SACERDOTES JAVIER MORALES Y JOAQUIN SALAZAR. URGEN MEDIDAS DE PROTECCION EN ZONAS VULNERABLES Y AZOTADAS POR EL NARCOTRAFICO. 22 de junio de 2022 La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA) se solidariza con la Comunidad Jesuita por los asesinatos de los sacerdotes Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, ocurrido el 20 de junio dentro de la parroquia de Francisco Xavier en Cerocahui, Chihuahua. De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado (FGE), la tarde del lunes los sacerdotes jesuitas intentaron auxiliar a un hombre, identificado como Pedro Eliodoro Palma, quien huía de personas armadas, sin embargo, los criminales ingresaron a la iglesia, los asesinaron y sustrajeron sus cuerpos del lugar. Crímenes de esta índole no son aislados, la sierra Tarahumara, como otras regiones del país, enfrenta condiciones de violencia y olvido que no han sido revertidas. Según, la organización Centro Católico Multimedial, en la última década 30 curas han sido asesinados a lo largo del territorio mexicano y en los últimos cinco sexenios la Iglesia Católica ha registrado 70 atentados en contra de sacerdotes y religiosos, siendo los estados de Veracruz, Michoacán, Guerrero, Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas, Puebla, Morelos y Oaxaca, así como la Ciudad de México y el Estado de México las zonas más violentas para ejercer dicha vocación. Por lo anterior, la CIDHPDA exige que se realicen las investigaciones correspondientes de estos asesinatos, así como la recuperación y restitución de los cuerpos sustraídos, considerando todas las líneas de investigación e identificando a los actores materiales e intelectuales. Al mismo tiempo, recalca la obligación que tienen las autoridades estatales y federales a implementar medidas de seguridad y protección a las comunidades más afectadas por la violencia ligada al narcotráfico, como la zona de la Sierra Tarahumara, con el fin de salvaguardar la vida e integridad de las personas, garantizando en todo momento el cumplimiento de los derechos que, como seres humanos, les corresponden.