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Medio: La Revista Peninsular

LA CIDHPDA EXHORTA AL SENADO HACER UNA EVALUACIÓN MINUCIOSA DE LA PROPUESTA DE REFORMA ELECTORAL Foto: Internet “El Estado está obligado a garantizar la autonomía del Instituto Nacional Electoral y los derechos políticos de los mexicanos” 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), en voz del Comisionado Presidente para América Latina y El Caribe, Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, exhorta al Senado de la República para que se evalúe cuidadosamente la propuesta de reforma electoral presentada por el ejecutivo, con el fin de tomar las mejores decisiones a favor de los derechos políticos electorales de la ciudadanía y el derecho a la participación en los asuntos públicos. De esta manera, se busca que la aprobación o rechazo de dicha reforma esté sustentada con argumentos comprobables y no por intereses partidistas ni por filias o fobias ideológicas. Para tener un panorama sobre lo que es prudente cambiar en el actual sistema electoral mexicano se debe tomar en cuenta la experiencia de otros países en este tema, por ejemplo, las elecciones del domingo 6 de noviembre en Nicaragua, las cuales se llevaron a cabo sin las garantías suficientes para unos comicios libres y justos, según lo advirtió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El resultado fue una victoria plagada de irregularidades para el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido del presidente socialista Daniel Ortega, quien mantiene el control casi total de los gobiernos locales. Las elecciones se dieron en un contexto de crisis social con 45 personas privadas de su libertad, situación que se ha ido gestando desde el 2018 y se agudizó en el 2021 al intensificarse la represión en contra de personas opositoras. Entre las víctimas se encuentran activistas de derechos humanos, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y periodistas, quienes fueron objeto de detenciones arbitrarias y violaciones a sus derechos humanos. Actualmente, los detenidos viven en condiciones insalubres que ponen en riesgo sus vidas. En suma, en la reciente jornada electoral se presentaron denuncias por detenciones arbitrarias de al menos 8 personas. Medios internacionales y locales registraron varias operaciones ilegales, como: coacción, falta de difusión (por lo que mucha gente no se enteró de que había elecciones), y más de mil candidatos falsos en las municipales, de acuerdo con el observatorio electoral independiente Urnas Abiertas. Además, la Asamblea Nacional aprobó una ley que permite a los nicaragüenses acudir a las urnas con una cédula vencida, lo que podría disimular el abstencionismo y motivaría a los simpatizantes con varias cédulas de identidad caducadas a emitir más de un voto. Todas estas circunstancias reflejan la decadencia del sistema electoral que ha permitido a los Ortega Murillo perpetuarse en el poder por 15 años, escenario que tiene preocupados a los organismos internacionales, como la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas (OACNUDH), pues la perpetuidad del dirigente va en contra del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual aboga por los derechos políticos de los ciudadanos, entendidos como la libertad de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, y participar en los asuntos públicos en condiciones de igualdad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos advierte la falta de un sistema electoral independiente y la ausencia de reformas eficaces para la reestructuración del Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua. La última modificación, que se dio en mayo de este año, restringe aún más la participación ciudadana al establecer un proceso electoral exprés que incumple con los estándares internacionales. La experiencia legislativa en materia electoral de Nicaragua evidencia el control total del CSE por parte del Estado, cuestión que debe servir de ejemplo en la discusión de la reforma al Instituto Nacional Electoral (INE), para que los legisladores no aprueben leyes que vulneren su autonomía. Un punto que llama la atención en la propuesta del gobierno mexicano es el artículo 41, el cual pretende eliminar los Organismos Públicos Locales OPLES y concentrar todos los procesos electorales en un solo organismo a nivel federal, el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC); así mismo, se desaparecerán los Tribunales Electorales Estatales para que el único encargado de resolver controversias en la materia sea el Tribunal Electoral del Poder Judicial. Todo ello con el propósito de reducir costos. Cabe preguntarse si es conveniente tomar estas medidas o si, por el contrario, se pone en riesgo la transparencia y la procuración de justicia en las jornadas electorales de los Estados. Es de suma importancia que, más allá de los cambios que se necesiten en el sistema electoral mexicano, se transforme el sistema de partidos, para que así, el mismo candidato por número de votos que sale a la calle a encontrarse con el elector encuentre su espacio para representarlo en el congreso, evitando la perpetuidad de sus dirigentes y así garantizar los derechos políticos. La CIDHPDA considera que no hay la suficiente participación ciudadana en México, ya que el poder se concentra en la participación partidista. El Estado está obligado a cumplir con el citado artículo 23 de la carta de la Convención Americana sobre Derechos Humanos al procurar que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades para participar en los asuntos públicos, de esta manera se garantizará la democracia en nuestro país. Para ello, es de vital importancia que en el Senado de la República cree una reforma integral y no de control excesivo. Además, se debe buscar la profesionalización de los legisladores por medio de la creación del Instituto Nacional del Poder Legislativo, quien capacitará a los futuros legisladores a través de técnicas parlamentarias, la importancia de las comisiones y de un parlamento abierto.

DECEPCIONANTE DECLARACIÓN POR PARTE DEL GOBIERNO FEDERAL CON RESPECTO A LA MILITARIZACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA EN MÉXICO 26 DE OCTUBRE DE 2022 Foto: Twitter /@CIDH La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), en voz del Comisionado Presidente para América Latina y El Caribe Víctor Hugo Gutíerrez Yáñez, manifiesta su inconformidad ante la postura que tomó el gobierno federal en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con relación a la militarización del país. Dicha audiencia se llevó a cabo el 25 de octubre, a petición de más de una decena de organizaciones civiles para exponer, con datos duros, los efectos negativos que la militarización de la seguridad pública puede ejercer en los derechos humanos. La representante de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Luz Elena Baños, se limitó a leer la carta del presidente López Obrador, con la que descalifica a dichas organizaciones llamándolas "conservadoras". “En el México de ahora a diferencia de los gobiernos neoliberales, cuando ustedes guardaban silencio cómplice, no se violan derechos humanos y ninguna corporación militar comete actos de barbarie como torturas, masacres o ajusticiamientos. Los conminamos respetuosamente a que dejen de servir, dejen de simular y dejen de actuar como ariete del conservadurismo y de otros países del mundo”. Con esas palabras concluyó Luz Elena Baños la lectura de la carta, manifestando así un desconocimiento sobre el trabajo que la CIDH ha realizado desde, por lo menos, 10 años atrás, para la defensa de los Derechos Humanos en México y en contra del uso excesivo del Ejército por parte del Estado. Como prueba de lo anterior, en la página web de la OEA-CIDH se puede encontrar el comunicado de prensa emitido el 30 de septiembre del 2011, donde la CIDH valora positivamente la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada el 10 de junio de ese año, en la que México se compromete con los tratados internacionales que establecen, entre otras cosas, la obligación del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Por otro lado, en esa misma fecha la Suprema Corte de Justicia adoptó el criterio orientador respecto de la restricción del fuero militar en los casos en que elementos de las fuerzas armadas cometan violaciones a los derechos humanos. De esta manera organizaciones como la OEA, la ONU y la CIDH mantenían un ojo vigilante ante las acciones del Estado Mexicano de su Ejército. Por lo tanto, se le exhorta al gobierno federal a no emitir declaraciones desinformadas sobre la participación de los organismos internacionales en la defensa de los Derechos Humanos en México y a priorizar la protección de los mismos más allá de tintes partidistas e ideologías políticas.

LA CIDHPA EXHORTA AL ESTADO MEXICANO A RATIFICAR EL PROTOCOLO FACULTATIVO DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES PARA PROTEGER A LAS VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS Foto: internet 20 DE OCTUBRE DE 2022 La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), en voz del Comisionado Presidente para América Latina y El Caribe Víctor Hugo Gutíerrez Yáñez, insta al Gobierno de la Ciudad de México a garantizar los Derechos Humanos de las mujeres que, al ser víctimas de trata, han caído en manos del crimen organizado y que el Gobierno de la Ciudad ha ignorado por décadas, situación por la que este fenómeno va en aumento. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, declaró en entrevista para el periódico El Universal que se están implementando acciones para erradicar la trata de personas. Aseguró que desde el Consejo Ciudadano se apoya a las víctimas de la Ciudad de México y a la vez se atienden los casos que vienen de todos los Estados de la república. Así mismo, Sheinbaum remarcó que, en general, todos los delitos en la Ciudad de México han disminuido, sin embargo, la realidad pinta un panorama menos alentador. Según el reporte de la Fiscalía capitalina y la Secretaría de seguridad Ciudadana, dado a conocer por El Universal el 17 de octubre, existe una asociación criminal entre La Unión Tepito y el Cártel de Tláhuac con tratantes y madrotas para controlar el tráfico de personas con fines de explotación sexual y la prostitución en calles de la Ciudad de México. También se dedican a “promocionar” a sus víctimas a través de redes sociales como Facebook, Tinder, Telegram y Only Fans. Incluso extorsionan a sexo servidoras que se dedican al trabajo sexual de manera independiente y voluntaria. La Ciudad de México es la entidad con mayor incidencia delictiva en trata de personas registrada en el fuero común. El Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) registró 523 carpetas de investigación desde el 2015 hasta junio de 2021. A nivel mundial México ocupa el tercer puesto de trata con fines de explotación sexual y mendicidad de menores, sólo por debajo de Tailandia y Camboya. Entre 2015 y abril de 2021 se denunciaron más de 2.800 casos de víctimas de trata, la mayor parte ellas son mujeres menores de edad. El SNSP reconoce que la cifras podrían ser mayores, pues muchos casos no llegan a un ministerio público por falta de confianza en las autoridades, miedo ser asesinados por denunciar, entre otras circunstancias. Las medidas para el combate y la prevención de la trata de personas, a nivel federal y estatal, son insuficientes, por lo que México no está cumpliendo cabalmente con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), el cual compromete a los Estados Miembros a cooperar con instancias internacionales para garantizar la efectividad los derechos ya mencionados. México es parte tanto del PIDESC como del Pacto Internacional de Derechos Civiles. Además, ha ratificado los dos Protocolos Facultativos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo cual le ha permitido recibir la cooperación y asesoría de los dos órganos de vigilancia de ambos Pactos. Sólo falta, como también lo ha pedido la ONU desde el 2016, que México ratifique el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PF-PIDESC), para “reforzar el régimen de protección internacional de los derechos económicos, sociales y culturales frente a los retos que se enfrentan para garantizar, de forma igualitaria, el pleno goce de estos derechos en el país”. Ante el aumento de los casos de trata de personas es urgente que México ratifique el PF-PIDESC en beneficio de las víctimas de este y otros delitos que atenten contra sus derechos económicos, sociales y culturales, ya que les daría la posibilidad de presentar una denuncia frente al organismo de Naciones Unidas especializado en la materia.

LA COMISIÓN IBEROAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS PARA EL DESARROLLO DE LAS AMÉRICAS (CIDHPDA) RINDEN PROTESTA NUEVOS INTEGRANTES EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA 13 DE OCTUBRE DE 2022 La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), a cargo del Dr. Víctor Gutiérrez Yáñez, llevará a cabo la toma de protesta de los nuevos integrantes de la Directiva Chihuahua, encabezada por el Licenciado en Derecho Manuel Terrazas, activista en Derechos Humanos, el día 13 de octubre de 2022 en punto de las 6 de la tarde en el Salón 25 de marzo, al interior del Palacio de Gobierno del Estado de Chihuahua. Entre los miembros que acompañarán al Lic. Manuel Terrazas en su equipo de trabajo se pueden mencionar a Ramón Miguel Rodríguez Silva, Huber Alfredo Garay Mendoza, Elsa Vargas Antillón, Óscar Alberto Quevedo Valles, Víctor Enss Fiessen, entre otros. También se contará con la presencia de la regidora del PAN, Jocelin Vega, así como la exdiputada del PRI Mayra Díaz Guerra y el exregidor del PAN, Carlos Orozco Chacón. La necesidad de crear una sede de la CIDHPDA en cada Estado, se da ante los terribles hechos de violencia que se han suscitado en el país. Según las estadísticas del INEGI, desde el primer año de la actual administración hasta julio del 2022 se suman 128, 152 homicidios dolosos. Mientras que la subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración reporta un incremento alarmante de personas desaparecidas; en los tres primeros años del sexenio anterior se contabilizaron 13, 664, mientras que del 2019 a 2021 hay más de 21, 546. Chihuahua es uno de los Estados más abatidos por la violencia. En el 2022 se posicionó en el sexto lugar en homicidios dolosos, alcanzando la cifra de mil 355. Siendo el quinto estado con más personas fallecidas sin identificar, con un total de 3,943. El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió en su cuarto informe de gobierno que en el 2021 las cifras de homicidios disminuyeron en un 3.2%, dando un total de 36, 625 a comparación del 2020, año en el que se contaron 36,773. ¿3.2% es suficiente para argumentar que la política de seguridad está dando resultados?, ¿qué garantías se tienen para asegurar que la cifra no aumentará en los dos años que le quedan al gobierno de MORENA? Como estrategia para el combate a la inseguridad, el gobierno federal incorporó la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional para protegerla de la corrupción. Esta decisión preocupa en gran medida a la CIDHPDA porque nada garantiza que en el futuro los altos mandos de la SEDENA no caigan en actos de corrupción que degeneren a la Guardia Nacional. Además, cabe decir que las autoridades militares tienen un rango de discrecionalidad mucho mayor al tomar decisiones, lo cual puede favorecer al ocultamiento de la violación a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas. Dadas las dificultades en materia de seguridad pública que enfrenta el país, el objetivo de la nueva Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos Para el Desarrollo de las Américas, Capítulo Chihuahua será velar por la ciudadanía y el respeto a los derechos humanos, tales como la dignidad humana. Para lo cual, esta comisión será vigilante del actuar del ejercicio del gobierno en turno en sus diferentes modalidades, generando principalmente programas de prevención del delito y la capacitación de las policías municipales y estatales en cada entidad de la república. Tratará de coadyuvar que las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se lleven al pie de la letra y que cumplan su objetivo principal: preservar los derechos humanos.

LA COMISIÓN IBEROAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS PARA EL DESARROLLO DE LAS AMÉRICAS (CIDHPDA) RINDEN PROTESTA NUEVOS INTEGRANTES EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA 13 DE OCTUBRE DE 2022 El día de hoy 13 de octubre se llevó a cabo la toma de protesta de los nuevos integrantes de la Directiva Chihuahua de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA) El Comisionado presidente para América Latina y el Caribe, el Doctor Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, tomará protesta en la, capituló Chihuahua, el cual será representado por el empresario Manuel Terrazas Ramos. Hoy 13 de octubre a las 6:00 pm en las oficinas del Palacio de Gobierno del Estado de Chihuahua, salón 25 de marzo. Entre los miembros que acompañarán al Lic Manuel Terrazas en su equipo de trabajo se pueden mencionar a Ramón Miguel Rodríguez Silva, Huber Alfredo Garay Mendoza, Elsa Vargas Antillón, Óscar Alberto Quevedo Valles, Víctor Enss Fiessen, entre otros. También se contará con la presencia de la regidora del PAN, Jocelin Vega, así como la exdiputada del PRI Mayra Díaz Guerra y el exregidor del PAN, Carlos Orozco Chacón. La necesidad de crear una sede de la CIDHPDA en cada Estado se da ante los terribles hechos de violencia que se han suscitado en el país. Según las estadísticas del INEGI, desde el primer año de la actual administración hasta julio del 2022 se suman 128, 152 homicidios dolosos. Mientras que la subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración reporta un incremento alarmante de personas desaparecidas. En los tres primeros años del sexenio anterior se contabilizaron 13, 664, mientras que del 2019 a 2021 hay más de 21, 546. Chihuahua es uno de los Estados más abatidos por la violencia. En el 2022 se posicionó en el sexto lugar en homicidios dolosos, alcanzando la cifra de mil 355. Y es el quinto estado con más personas fallecidas sin identificar, con un total de 3,943. El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió en su cuarto informe de gobierno que en el 2021 las cifras de homicidios disminuyeron en un 3.2%, dando un total de 36, 625 a comparación del 2020, año en el que se contaron 36,773. ¿3.2% es suficiente para argumentar que la política de seguridad está dando resultados? ¿qué garantías se tienen para asegurar que la cifra no aumentará en los dos años que le quedan al gobierno de MORENA? Como estrategia para el combate a la inseguridad, el gobierno federal incorporó a la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional para, supuestamente, protegerla de la corrupción. Esta decisión preocupa en gran medida a la CIDHPDA porque nada garantiza que el futuro los altos mando de la SEDENA no caigan en actos de corrupción que degeneren a la Guardia Nacional. Además, cabe decir que las autoridades militares tienen un rango de discrecionalidad mucho mayor al tomar decisiones, lo cual puede favorecer al ocultamiento de la violación a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas. Dadas las dificultades en materia de seguridad pública que enfrenta el país, el objetivo de la nueva Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos Para el Desarrollo de las Américas de Chihuahua será velar por la ciudadanía y el respeto a sus derechos humanos, tales como la dignidad humana. Para lo cual, esta comisión estará haciendo vigilante del actuar del ejercicio del gobierno en turno en sus diferentes modalidades, generando principalmente programas de prevención del delito y la capacitación de las policías municipales y estatales en cada entidad de la república. Tratará de coadyuvar para que las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se lleven al pie de la letra y que cumplan su objetivo principal: preservar los derechos humanos. De tal forma, la CIDHPDA Chihuahua y estará vigilante de los abusos de autoridad por parte del ejército en caso de existir.

INDISPENSABLE LA CLARIDAD EN LAS ACCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL EN MATERIA DE SEGURIDAD CIBERNÉTICA Foto: InfoChannel 07 DE OCTUBRE DE 2022 La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA) manifiesta su preocupación ante el reciente hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Entre muchos de los cuestionamientos que se desprenden de este hecho, hay dos puntos que se deben tratar con urgencia; por un lado, la intromisión a los sistemas de cómputo de la SEDENA demostró que no están lo suficientemente protegidos, por otro lado las filtraciones dieron a conocer que el Ejército sigue utilizando el software de espionaje Pegasus para vigilar a periodistas y defensores de derechos humanos. El jueves 29 de septiembre el periodista Carlos Loret de Mola informó que el Ejército fue objeto de un ataque cibernético. Los perpetradores forman parte de un grupo internacional de hackers autodenominados “Guacamaya”, quienes robaron 6 terabytes de información que incluían tarjetas informativas, cartas, datos precisos sobre presuntos criminales, videos (muchos de ellos catalogados como confidenciales), compras, auditorías, contactos telefónicos, agendas de altos funcionarios, etc. El 30 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina, confirmó los ataques a las bases de datos del Ejército: “Es cierto, hubo un ataque cibernético, así le llaman al robo de información. Mediante estos mecanismos modernos extraen archivos. Es gente muy especializada, no cualquiera. No sé si en México haya especialistas en este campo, en el de la cibernética.” Esta última frase sugiere que no se está haciendo una buena labor de investigación en este tipo de delitos. El experto y asesor internacional en ciberseguridad por la Universidad de Washington DC, Israel Reyes, asegura que en México hay muy buenos hackers y trabajan en conjunto con otros de manera internacional por medio de las redes oscuras (dark web). Afirma que el golpe se dio con la intención de hacer daño, de crear un caos político e inestabilidad social. Para el experto, lo preocupante no es lo que ya pasó sino lo que puede pasar más adelante. Siendo que, desde hace meses advirtió el riesgo de un ciberataque a la SEDENA, teniendo como antecedentes el hackeo al Banco de México y a PEMEX, Reyes ve la posibilidad de que haya más instituciones de gobierno con hackers infiltrados. De hecho, infiere que el ataque a la base de datos de la SEDENA pudo cometerse desde dentro, pues sólo alguien que conoce el ámbito político nacional puede tener el conocimiento suficiente para lograr una invasión de esa magnitud. El profesor Israel Reyes ha sido insistente en señalar la necesidad de fortalecer la ciberseguridad en México para evitar problemas mayores como lo que sucedió en Costa Rica en abril de este año, cuando un grupo de hackers puso al país en estado de emergencia al secuestrar el sistema de recaudación fiscal. Queda claro que no sólo las dependencias del gobierno están vulnerables a estos ataques, la sociedad civil también puede verse afectada, dado que un gran número de gente recurre al internet para hacer todo tipo de trámites y movimientos financieros. De ahí la importancia que el poder ejecutivo y los legisladores comiencen a trabajar en un marco jurídico y una Agencia Nacional de Ciberseguridad, como lo propone el experto, para proteger el interés social de la población mexicana. Si no se atiende con prontitud el problema, la democracia del país quedará sumamente vulnerable ante la delincuencia cibernética. Queda pendiente determinar las verdaderas intenciones del grupo de hacktivistas “Guacamaya”, así como verificar la autenticidad de los documentos filtrados, sin embargo, no se puede pasar por alto la exposición de los supuestos contratos que la SEDENA tiene con la red de empresas que vendió el programa de espionaje Pegasus. Según la investigación del periodista Sebastián Barragán, la SEDENA incumplió la orden dada por el presidente para hacer públicos todos los contratos relacionados con las empresas que vendieron el software de espionaje Pegasus al gobierno de Enrique Peña Nieto. El malware Pegasus tiene como propósito el perseguir al terrorismo y a criminales, no obstante, en el marco de la investigación “Ejército Espía”, se detectó que desde 2017 se ha usado para atacar a defensores de derechos humanos, periodistas, activistas, políticos de oposición y ciudadanos sin historial criminal. Asegura Barragán que la SEDENA ocultó los contratos con Comercializadora Antsua, compañía que vende el malware de NSO Group, el cual se ha utilizado en el actual gobierno para espiar a 2 periodistas y a un defensor de derechos humanos. Los periodistas agraviados son Raymundo Ramos y Ricardo Raphael, más una tercera persona periodista que labora para Animal Político quien prefirió mantener el anonimato. Lo que une a estos periodistas es que, previo a los ataques, realizaban investigaciones sobre presuntos crímenes contra los derechos humanos cometidos por el Ejército. Por su lado, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) condenó en sus redes sociales que el ejército vigile a los defensores y organizaciones defensoras de derechos humanos. Así mismo, esta organización mostró su inconformidad por haber sido catalogada como un “grupo de presión”. Ante las quejas de los periodistas ya mencionados, la SEDENA emitió un comunicado el día 4 de octubre en el cual explican que no utilizan su tecnología para el espionaje sino para actividades de inteligencia acorde a las facultades que les concede el Estado. Posteriormente, durante la conferencia matutina, se argumentó que no existen elementos que comprueben las denuncias de que dicha dependencia sea quien se encargue de la vigilancia a periodistas y activistas. Las prácticas de espionaje por parte del personal militar representan un atentado contra la democracia, por lo que la CIDHPDA rechaza el uso indiscriminado del programa Pegasus, u otro similar, contra periodistas, defensores de derechos humanos y al pueblo en general. Se exhorta a la SEDENA a cuidar sus labores de inteligencia para no vulnerar los derechos humanos de la población. Así mismo, se solicita a esta dependencia y al poder ejecutivo a no demorar la atención de las demandas de información que buscan transparencia en las acciones del Ejército.

URGENTE CREAR ESTRATEGIAS EFICIENTES PARA COMBATIR LA INSEGURIDAD EN MÉXICO Foto: Graciela López, Expansión Política 03 DE OCTUBRE DE 2022 La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA) hace un llamado a los integrantes del Senado de la República a cumplir con su función de presentar iniciativas de reforma de leyes, propuestas y puntos de acuerdo para atender los problemas que más preocupación genera en la población mexicana: la inseguridad y la procuración de justicia. El 27 de septiembre se llevó a cabo en el Senado la comparecencia del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. En la segunda ronda de preguntas de los Grupos Parlamentarios la senadora Kenia López Rabadán le cuestionó sobre los resultados del actual gobierno en materia de seguridad. Sin embargo, más allá de la discusión sobre cuál sexenio ha sido el más violento, no se emitió en el debate ninguna propuesta viable para el combate de los delitos que atentan contra la vida humana: desaparición forzada, secuestro, homicidio doloso, feminicidios y crímenes de Estado. Por ello se les exhorta a los senadores a hacer a un lado las diferencias partidistas para llegar a puntos de acuerdo que beneficien a este propósito. Así mismo, es necesario prestar atención a las propuestas salidas de la sociedad civil. Una de las más relevantes es la demanda de las familias de personas desaparecidas y colectivas de búsqueda, quienes se han movilizado a favor de la creación del Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF), un organismo destinado a almacenar los perfiles genéticos de las personas que han perdido a un familiar. Su mayor aportación será facilitar la identificación de los cuerpos resguardados en los Semefos de todo el país, que a la fecha suman 52 mil sin identificar. Si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó a principios de abril una iniciativa para la formación del Centro Nacional de Identificación Forense, la Fiscalía General de la República (FGR) “ha incumplido en la concentración de información genética de las personas desaparecidas y sus familiares”, así lo denunció el sitio de investigación periodística A dónde van los desaparecidos. Ante este incumplimiento, el pasado 6 de agosto los familiares agraviados clausuraron simbólicamente las oficinas de la FGR como una forma de protesta. Por otro lado, el portal A dónde van los desaparecidos denuncia que no hay infraestructura para obtener perfiles genéticos. Esto, sumado a la ausencia del BNDF, ha obligado a las fiscalías estatales y las autoridades federales a recurrir a una empresa privada, ADN México o Central ADN, para obtener, procesar y almacenar unos cuantos perfiles genéticos de familias de personas desaparecidas. Las autoridades han sido rebasadas por los más de 100, 000 casos de desaparecidos, según las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas. La cuenta registra las desapariciones de los últimos 58 años, no obstante, el 97% se refiere a casos posteriores al 2006. La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, el Comité contra la Desaparición Forzada y el Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzadas o involuntarias, manifestaron su preocupación tan pronto como se dio a conocer estas cifras en el mes de mayo. ¿Cómo podrá el gobierno de México atender el llamado de los organismos internacionales con una Fiscalía ineficiente? La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas reitera el llamado a los senadores, y también a los diputados, a implementar acciones que fortalezcan la infraestructura de los organismos dedicados a la investigación de delitos contra los derechos humanos. Así mismo es urgente generar estrategias para la prevención del delito e iniciativas de ley que garanticen el buen funcionamiento de la Fiscalía General de la República, cuya inacción y torpeza afectan gravemente a la sociedad.

· LA CIDHPDA SE OPONE A LA MILITARIZACIÓN DEL PAÍS. · LA MILITARIZACION SOLO AUMENTARÁ LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS: CIDHPDA. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 El día de ayer, 21 de septiembre de 2022, se llevó a cabo la votación para avalar la propuesta de ampliar hasta 2028 la presencia del ejército en las calles, ante la negativa de la oposición en el Senado, el partido de Morena propuso y aprobó el retiro del dictamen y su regreso a comisiones, con lo que la votación quedo suspendida. La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA) exige a los senadores no permitir que se militarice el país, ante el peligro que representa para la población (quienes anteriormente se han visto violentados por integrantes de las fuerzas armadas) que el ejército salga a las calles. Ante la nueva sesión que se llevará a cabo el 27 de septiembre se hace un llamado y se exhorta a los senadores a proteger la seguridad de los ciudadanos y no permitir, como en el sexenio de Felipe Calderón, que los militares se encarguen de la seguridad del país.

EL NO GARANTIZAR SEGURIDAD PARA EJERCER EL COMERCIO EN MÉXICO VIOLENTA LOS DERECHOS HUMANOS (CIDHDPA) INDISPENSABLE CREAR BUZONES ELECTRÓNICOS, DONDE SE ENVÍEN VIDEOS Y RELATORÍAS CON EL FIN DE QUE LAS FISCALES ESTATALES PUEDAN CREAR BANCOS DÉ INFORMACIÓN Y UNA ESTRATEGIA PARA LA DISMINUCIÓN DEL DELITO. Fuente: Internet 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHDPA) considera que se debe garantizar la actividad económica segura mediante acciones que aseguren esta actividad, ya que limitarla por el crimen organizado violenta los Derechos Humanos. El 2021 fue el año con la mayor cantidad de denuncias por extorsión en México, con 9 mil 407 reportados, según datos de Incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Y de acuerdo con el estudio que presenta México Evalúa solo el 3% de las personas que sufren este delito de cobro de piso, son los que denuncian, sin embargo, de ese porcentaje ninguno motiva a una investigación de orden judicial o una sentencia, hecho que solo genera en las victimas impotencia y miedo y ante las amenazas acceden a efectuar los pagos que les son demandados, lo que genera un ciclo infinito de violencias. El no denunciar este delito solo lo invisibiliza y al no contar con cifras públicas el gobierno le resta importancia ya que los números de denuncias presentadas indican que es un problema menor y de poca gravedad. Por lo cual, la CIDHPDA asevera que se debe de fomentar la cultura de la denuncia, mediante creación de buzones electrónicos, donde se envíen videos y relatorías con el fin de que las fiscales estatales puedan crear bancos de información y una estrategia para la disminución del delito. Las principales obligaciones del gobierno federal, estatal y municipal es el garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, garantizando el derecho humano de vivir sin miedo, sin violencia, con libertad y seguridad.

· LA CIDHPDA RECHAZA QUE LA CNDH NO PRESENTE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD POR LAS REFORMAS EN MATERIA DE SEGURIDAD. · RECHAZAMOS EL COMUNICADO DE LA CNDH DONDE UTILIZA EL CONCEPTO DE UN ESTADO DE EXCEPCIÓN PARA NO PRESENTAR UNA ACCIÓN DE INSCONTITUCIONALIDAD. · EXIGIMOS RESPETO ESTRICTO A LOS DERECHOS HUMANOS EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES QUE EL ESTADO MEXICANO HA CELEBRADO CON EL SISTEMA UNIVERSAL (ONU) Y EL SISTEMA INTERAMERICANO (OEA): CIDHPDA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA) en voz del Comisionado Presidente para América Latina y el Caribe Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, rechaza el posicionamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por no presentar una acción de inconstitucionalidad debido a las reformas en materia de seguridad. “Rechazamos el concepto de un estado de excepción que señala la CNDH en su comunicado y exigimos respeto estricto al ejercicio de la defensa de los Derechos Humanos, a los tratados internacionales, así como a las resoluciones de la Corte Interamericana de desmilitarizar a México.” Afirmo necesario que la CNDH como organismo autónomo cumpla con la defensa de los Derechos Humanos y no se apegue a situaciones ideológicas políticas que derrumban los avances en materia de Derechos Humanos. Gutiérrez Yáñez expresó que es lamentable la postura de este organismo, que juega una mancuerna con el Gobierno en turno de la 4T, y señalo que la CNDH está en la obligación de cumplir con su mandato constitucional para proteger los Derechos Humanos, presentando una acción de inconstitucionalidad como lo señala la constitución en sus artículos 94 y 105. “Acto de inconstitucionalidad Recurso legal que se tramita en forma exclusiva ante la SCJN por medio del cual se denuncia la posible contradicción entre la Constitución y alguna norma o disposición de carácter general de menor jerarquía: ley, tratado internacional, reglamento o decreto, con el objeto de preservar o mantener la supremacía de la Carta Magna y dejar sin efecto las normas declaradas inconstitucionales. Las acciones de inconstitucionalidad pueden ser promovidas por los legisladores y las legisladoras federales o locales o, quienes conformen una minoría parlamentaria que represente al menos el 33% del total de quienes integran el órgano que haya expedido la norma que se impugna. También pueden promover acciones de inconstitucionalidad: el Procurador General de la República; los partidos políticos con registro ante el INE; o los partidos con registro local, cuando se trate de leyes electorales; así como la CNDH y los organismos locales en la misma materia. Dichas acciones podrán ejercitarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma. En el caso de los diputados podrán interponerse en contra de leyes federales. Por su parte, los senadores podrán hacerlo en reconvención de leyes federales o de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano. Si la SCJN declara que una norma es contraria a la Ley Suprema, ésta no podrá volver a tener vigencia ni aplicársele a persona alguna.” Arts. 94 y 105 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Afirmo, que su titular no debe POLITIZAR la Defensa de los Derechos Humanos y que el Gobierno debe adoptar una política de Seguridad Ciudadana Civil. Por lo cual, este organismo exige al Gobierno de la 4T respeto íntegro a la división de poderes, ya que México no merece una autocracia ni dañar con propuestas legislativas el actuar de la Suprema Corte de Justicia. La CIDHPDA se une a las preocupaciones internacionales del Alto comisionado de las Naciones Unidas y de la Corte Interamericana acerca del uso excesivo de las fuerzas armadas en las secretarias del gobierno mexicano y manifiesta su total rechazo en la postura de la CNDH en retroceder en materia de derechos humanos.

LA CIDHPDA RECHAZA LA MILITARIZACION Y SOLICITA QUE EL PRI NO APRUEBE EL DESPLIEGUE DE LAS FUERZAS ARMADAS. LA MILITARIZACION ES UNA VIOLACION A LOS DERECHOS HUMANOS: CIDHPDA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), en voz del del Comisionado para América Latina y el Caribe Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez rechaza la militarización y solicita que la facción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados no apruebe el despliegue de las fuerzas armadas, esto a raíz de la aprobación por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, este martes, de la propuesta para extender la presencia de soldados y marinos en tareas de seguridad pública, hasta 2028. Dicha reforma al articulo quinto transitorio del decreto por el que se creó la Guardia Nacional para extender la coadyuvancia militar, fue avalada en lo general con 28 votos a favor y 10 en contra, el dictamen será turnado a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados el miércoles 14 de septiembre a las 9 de la mañana, para su debida discusión. La CIDHPDA exhorta a la facción Parlamentaria del del PRI, así como a los diputados de la Mesa Directiva a tomar conciencia y evitar que el país sea militarizado poniendo en riesgo a toda la población mexicana, quienes se verán envueltos en una ola aun mas agresiva de violencia, inseguridad y violación de Derechos Humanos. La historia del país da cuentas de los agravios cometidos por parte de la fuerza militar hacia la población civil. Casos como el ocurrido en Guerrero en septiembre de 2014 donde la desaparición de 43 estudiantes ha apuntado a elementos del Ejército, de igual manera, en junio de 2014 en la comunidad de San Pedro Limón 22 personas fueron privadas de la vida en una bodega a manos de miembros del Ejército; en 2002 miembros del ejercito entraron al domicilio de Inés Fernández Ortega, una mujer indígena perteneciente a la comunidad indígena Me’phaa, ubicado en el estado de Guerrero, donde fue amenazada con una arma de fuego y violada frente a sus familiares, que se encontraban en el lugar. Sucesos como estos son solo algunos de los muchos crímenes cometidos por la fuerza militar hacia la población civil y que dejan claro que los militares no deben tomar el control de la seguridad del país.