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<VOLVER Rosario Piedra no debe permanecer en CNDH, advierten activistas y organismos Previous Next

<VOLVER CIDHPDA se solidariza con víctimas del festival Axe Ceremonia MEDIOS DE COMUNICACION México 8 de abril de 2025 • 6 de febrero de 2024 (según CIDHPDA): La CIDHPDA indica que la acreditación de sus comisionados fue completada el 06 de febrero de 2024 y que ese trámite fue presentado ante la Embajada de Bolivia en México. Previous Next

<VOLVER El alto nivel de violencia e inseguridad en México imposibilita el desarrollo de los derechos DESCA: CIDHPDA BOLETIN DE PRENSA México 20 DE FEBRERO DEL 2024 Actualmente, la sociedad mexicana en todo el país está viviendo un caos provocado por una serie de circunstancias que alteran el orden y la paz, como lo son la violencia, asesinatos, quema de vehículos, al transporte público, entre otras problemáticas que alimentan la incertidumbre y el malestar social entre la población. Al cierre del 2023, el INEGI registró un 59.3 % de mexicanos que consideran a su localidad como un lugar inseguro para vivir. De ese total, el 64.8 % corresponde a las mujeres, por lo que ellas son la población que más inseguridad percibe en lugares públicos. La percepción de inseguridad se refiere a cómo se sienten las personas con respecto a la libertad de salir a las calles, sea para realizar actividades recreativas o laborales. También está relacionada con la incidencia y el atestiguamiento de delitos o disturbios en sus comunidades. Bajo esta premisa se obtuvo que entre el 64 y el 70 % de los mexicanos considera a los cajeros automáticos en calles o avenidas y el transporte público como los lugares más peligrosos. Si bien la percepción de inseguridad en el 2023 alcanzó sus niveles más bajos durante los últimos cinco años, en la realidad México mantiene altos niveles de violencia, con 30, 523 homicidios perpetrados el año pasado. Según el “Informe global sobre Homicidios 2023” publicado por la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), México se ubica en el lugar número nueve de 266 países del continente americano, como el país con la mayor tasa de asesinatos para el 2022. Con una calificación de 7.57, México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en el Índice Global de Crimen Organizado 2021, delito que es uno de los principales generadores de violencia. Uno de los casos más recientes en este rubro fue el enfrentamiento entre elementos de la guardia nacional contra sicarios de un grupo delictivo, quienes hicieron bloqueos con camiones de carga en varios puntos de Ciudad Guzmán, Jalisco, el pasado 16 de febrero. El grave problema de la violencia causada por el crimen organizado y los conflictos territoriales han incrementado la crisis de desplazamiento en México, siendo este el tercer país con más desplazados internos, apenas superado por Colombia y Estados Unidos. La población más afectada por este fenómeno han sido las comunidades indígenas, quienes buscan una mejor calidad de vida tanto dentro como fuera del país. Los cinco estados que concentran el mayor número de personas desplazadas son Michoacán, Guerrero, Chiapas, Baja California y Oaxaca, de acuerdo con el estudio "Desplazamiento interno, migración y retorno en la frontera norte de México. Una perspectiva desde 12 ciudades”. En promedio, cerca de 7,710 personas fueron afectadas por dichos desplazamientos entre enero y junio del 2023. Todo este panorama ha provocado un daño considerable al desarrollo social, económico, así como al proyecto de vida de las y los mexicanos. Así mismo, favorece a un ambiente de intimidación, que en el derecho se define como una sensación de temor a un mal inminente y grave en el individuo o en sus bienes o en la integridad de un familiar. Aunado a la violencia, hay otros factores que entorpecen la posibilidad de miles de mexicanos para tener una vida digna, como lo son: la desigualdad, la concentración de la riqueza y de los medios de producción, la impunidad, el uso indiscriminado de los recursos naturales, la falta de infraestructura para garantizar el abasto de agua en puntos críticos del país, como recientemente sucede en la Zona Metropolitana del Valle de México. El Estado Mexicano no ha tomado las medidas necesarias para el pleno desarrollo de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), que son los derechos relacionados con la satisfacción de necesidades básicas de las personas, entre las que se encuentran: un nivel de vida adecuado, la salud, el agua, un trabajo bien remunerado, la seguridad social, una vivienda digna y decorosa, una educación de calidad, el acceso a la cultura, etcétera. La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), en voz del Comisionado Presidente para América Latina y el Caribe Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, exhorta tanto a la actual administración como a las y el candidato a la presidencia de México, a trabajar en estrategias enfocadas a garantizar los derechos DESCA, los cuales deben ser protegidos y difundidos en todo el territorio mexicano sin distinción alguna. El bienestar social es imprescindible para una nación estable y pacífica. Previous Next

<VOLVER El estado mexicano está obligado en transparentar el caso Ayotzinapa 28 DE JULIO DEL 2023 La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), en voz de su Comisionado para América Latina y el Caribe, Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, exige al Estado Mexicano cumplir con su obligación de transparentar la investigación del caso Ayotzinapa, siendo que, a 5 años del gobierno autollamado 4ª Transformación, no se ha dado a conocer todo el material conservado por la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), tal como lo afirma el Grupo Interdisciplinario de Expertos independientes (GIEI). Gutiérrez Yáñez consideró desafortunado que la falta de transparencia por parte del gobierno federal haya obligado al GIEI a retirarse, pues, de acuerdo a su último informe emitido el pasado martes 25 de julio, los expertos encontraron muchos obstáculos, sobre todo por parte de la Sedena, para obtener los documentos necesarios en la investigación. El Presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina del 27 de junio, negó las conclusiones del GIEI y respaldó a la Sedena y a la Secretaría de Marina (Semar) pese a los señalamientos de que estas dos instituciones han ocultado información o se han negado a compartirla. En suma, el informe del GIEI advierte la existencia de una complicidad entre autoridades municipales de Cocula e Iguala, integrantes del Ejército, mandos policiales y cédulas del narcotráfico en Guerrero. Los padres de los 43 normalistas han manifestado su inconformidad hacia el Estado por haber orillado al GIEI a marcharse de México y apuntan que el representante del ejecutivo “les está fallando” en dar a conocer la verdad sobre el paradero de los jóvenes. Al respecto, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), han salido en apoyo a los familiares de los estudiantes desaparecidos y exigieron al Ejecutivo federal que faciliten la documentación que le está siendo solicitada. Por otro lado, Naciones Unidas ha emitido un pronunciamiento lamentando la falta de cooperación y voluntad de las Fuerzas Armadas para esclarecer lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014. “Si no hay justicia en el caso Ayotzinapa, no existirá paz social para los mexicanos”, puntualizó el Comisionado Presidente de la CIDHPDA. Por tal motivo, es importante que el gobierno mexicano se sujete a los lineamientos internacionales de la Agenda 2030, en específico al objetivo 16, el cual busca promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas a través de instituciones eficaces, responsables y transparentes. Para cumplir este objetivo, los gobiernos deben erradicar la corrupción, el soborno y la evasión impositiva, así mismo, están obligados a garantizar el acceso público a la información. Gutiérrez Yáñez declaró que, al transparentar el caso Ayotzinapa, se fortalecerá el acceso a la justicia y la solidez de instituciones que han perdido su credibilidad, por ello es urgente encontrar la verdad y a los responsables de estos terribles hechos. Agregó que deben existir acciones certeras de justicia para cumplir con la promesa, hecha en campaña por la 4T, de resolver el caso Ayotzinapa antes del fin de sexenio. Previous Next

<VOLVER La CIDHPDA pide la intervención de la comunidad internacional para detener los ataques de Rusia en contra de Ucrania BOLETIN DE PRENSA Previous Next

<VOLVER Estancamiento MEDIOS DE COMUNICACION México 8 de julio de 2025 • 8–9 de julio de 2024: Previous Next

<VOLVER The national guard must guarantee the lives of migrants seeking asylum in the US at truck terminals on their way to northern Mexico: CIDHPDA BOLETIN DE PRENSA USA JANUARY 04, 2024 The Ibero-American Commission on Human Rights for the Development of the Americas (CIDHPDA), in the voice of its Commissioner for Latin America and the Caribbean, Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, considers of utmost importance to protect the integrity of thousands of Latin Americans who have fallen into the hands of organized crime to be extorted or deprived of their freedom under death threats. Given this situation it is urgent that the Mexican State, headed by Mr. Andrés Manuel López Obrador, does not fail to guarantee human life by certifying routes to the north of Mexico and putting the National Guard to work in the bus terminals; also, panic buttons must be installed to stop kidnappings. On Saturday, December 30, after 7:00 pm, an armed commando intercepted a passenger bus on the Monterey-Matamoros route and kidnapped 31 migrants. Fortunately, they were rescued safe and sound this Wednesday thanks to the National Guard and the armed forces, as announced on her X (formerly Twitter) account, the Secretary of the Interior, Luisa Alcalde. However, the efforts of the federal and state governments are not enough to stop these types of crimes, which have been a constant in the same region. The kidnapping of migrants is the modus operandi of organized crime to recruit people to serve as hired assassins or as members of their criminal groups. Unfortunately, this situation has been worsening for more than a decade. In 2010, the year of the first massacre in San Fernando, Tamaulipas, in which 72 people of different nationalities were executed, the National Human Rights Commission (CNDH) warned in a report about the increase in this crime. According to the National Migration Institute, more than 11,000 people were victims of trafficking and 523 of kidnapping in 2021. For its part, the Attorney General's Office (FGR) registered 494 investigation files for the crime of migrant smuggling and seven for kidnapping of foreigners, which means an increase of 503% compared to the figures for 2020, where 164 victims of smuggling were reported. During 2022, according to the Ministry of the Interior (Segob), there were 11,091 migrants who reported having been victims of a crime, while in 2023 there were 569 complaints, a lower figure than in 2022; however, specialists in the field point out two reasons that make migrants desist from filing a complaint: In 2023, the most frequent crime against this population was smuggling, with 245 cases, a 30% decrease from the 352 cases reported in 2022; followed by robbery with 132 cases, a figure below the 747 victims of the previous year. The commissioner president of the CIDHPDA demanded to the Mexican Government that elements of the National Guard be inside the buses and monitor the transfer of people heading to the northern border. Likewise, Gutiérrez Yáñez added that the migration policy of the current administration should pay special attention to the wellbeing of children, adolescents, the elderly and pregnant women, as stated in the international protocols of the United Nations. Gutiérrez Yáñez stressed that this migratory phenomenon has overwhelmed the current administration, which has not known how to generate strategies to meet the demand of thousands of people trying to reach the border with the United States: "It is not possible for the Mexican government to demand care for Mexican migrants when its government does not have the capacity to guarantee the lives of Latin American brothers and sisters," he concluded. Previous Next

<VOLVER La CIDHPDA rechaza el abuso de la fuerza pública perpetrado por elementos de la guardia nacional BOLETIN DE PRENSA México 05 DE MARZO DEL 2024 El día de ayer se registró una agresión por parte de elementos de la Guardia Nacional en contra del conductor de un tráiler, los hechos ocurrieron en la carretera Felipe Carrillo Puerto-X Hazil en el Estado de Quintana Roo. Los agentes de dicha institución detuvieron de forma violenta al chofer para, supuestamente, hacerle un examen antidoping. Al negarse a descender de la unidad, uno de los uniformados arrojó una llave de herramienta a la ventana, rompiendo el vidrio y golpeando en la boca al chofer. Posteriormente, el conductor fue detenido y llevado por los elementos de la Guardia Nacional. La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), en voz del Comisionado Presidente para América Latina y el Caribe, Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, rechaza el abuso de la fuerza pública perpetrado por elementos de la Guardia Nacional y hace un llamado para que se respeten los protocolos de actuación en la detención y conducción de personas. La Guardia Nacional ha sido señalada en varias ocasiones por cometer distintos tipos de abuso en contra de civiles, encabezando, junto con las Fuerzas Armadas del Ejército Mexicano, el listado de instituciones con más denuncias por violaciones de los Derechos Humanos registradas en 2022, según un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). La Fiscalía General de la República, abrió 13 carpetas de investigación contra elementos de la primera corporación entre 2021 y 2022. Así mismo, en sus primeros cuatro años de creación, acumularon 60 denuncias de delitos sexuales, incluidos abuso y violación. El 18 de enero, más de 60 camionetas de la Guardia Nacional y del Ejército sitiaron la comunidad de Tanhuato, Michoacán, y tomaron como base de operaciones la escuela primaria del lugar, presuntamente para combatir la inseguridad. Ante la inconformidad por haber dejado sin clases a 150 estudiantes, un grupo de campesinos de esta comunidad solicitaron la intervención del gobierno federal para tomar cartas en el asunto. Con estas actuaciones, la Guardia Nacional daña los derechos humanos de conductores y de la población civil en general, poniendo en peligro la vida humana. En la CIDHPDA exigimos al Comisario General, David Córdova Campos, revisar el control de confianza de los agentes de la Guardia Nacional y los capacite en Derechos Humanos. Previous Next

<VOLVER “Atrapen a los asesinos de los niños y su papá en Sinaloa”: CIDHPDA MEDIOS DE COMUNICACION México 24 de enero de 2025 *El defensor de derechos humanos, Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, se solidariza con las familias Por Redacción EV El Gobierno de Sinaloa debe encontrar y procesar a los asesinos de los dos niños y su padre, quienes fueron alcanzados por disparos cuando les intentaron robar el coche donde viajaban el 19 de enero de 2025 en el estado mexicano de Sinaloa, exige la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA). A través de su comisionado presidente para América Latina y el Caribe, Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, el organismo expresó su más profunda solidaridad con las familias de las víctimas del ataque ocurrido en Sinaloa el pasado 19 de enero, que dejó como saldo la muerte de dos menores de edad y su padre. Asimismo, la Comisión pide al gobierno del estado de Sinaloa el restablecimiento inmediato de la paz y el respeto a los derechos humanos en la región. «El trágico suceso ocurrió cuando una familia fue atacada a balazos mientras viajaba en un vehículo rumbo a la sindicatura de Imala, en Culiacán. Los agresores intentaron despojarles del vehículo, lo que desencadenó una persecución armada. Como resultado, Antonio de Jesús «N» (41 años) y sus hijos, Alexander «N» (9 años), Gael Antonio «N» (12 años), así como el primo de los menores, Adolfo «N» (17 años), fueron alcanzados por los disparos. El padre murió en el lugar, mientras que los niños y su primo fueron trasladados a hospitales. Gael Antonio y Alexander fallecieron poco después a causa de las heridas. Adolfo permanece hospitalizado», recordó la Comisión. Así pues, la CIDHPDA condenó enérgicamente este crimen a la vez que hace un llamado urgente al gobierno de Sinaloa para encontrar y procesar a los responsables, también exige que sean tomadas medidas concretas para garantizar la seguridad y los derechos de la población, especialmente de las infancias. «Cabe señalar que es obligación del Ejecutivo, tanto a nivel federal como estatal, hacer valer el cumplimiento de los derechos de las niñas y los niños, entre los cuales se encuentra el acceso a una Vida Libre de Violencia y a la Integridad Personal, el Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, y el derecho a vivir en Condiciones de Bienestar y a un Sano Desarrollo Integral», resalta el organismo. Puntualiza que el hecho ha generado indignación en la comunidad local, con manifestaciones de ciudadanos exigiendo justicia. «El 23 de enero un grupo de personas irrumpió en la oficina del gobernador Rubén Rocha Moya, rompiendo cristales y puertas exigiendo su renuncia. A este llamado se sumó el Grupo Parlamentario del PAN (Partido Acción Nacional), liderado por el diputado Elías Lixa, además de solicitar al gobierno federal investigar sus posibles nexos con grupos del crimen organizado», subrayó la agrupación. La CIDHPDA reiteró su compromiso con la defensa de los derechos humanos en la región y hace un llamado al gobierno de Sinaloa a tomar las medidas necesarias para asegurar que hechos como estos no se repitan. Así mismo, se deben implementar acciones para restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de velar por su seguridad y bienestar. Previous Next

<VOLVER CIDHPDA urges the state of Bolivia to comply with the Iachr's recommendations of the redefinition of terrorism BOLETIN DE PRENSA USA JULY 12, 2024 The Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) - OAS has consistently issued recommendations to Bolivia to reclassify the crime of terrorism in the country. In 2021, after the electoral and institutional crisis of 2019, the IACHR issued a communiqué in which it urged the South American country to observe the Inter-American standards of access to justice and due process; likewise, it demanded it fulfill its obligation to investigate, punish and guarantee full reparation to the victims and their families for human rights violations. This political crisis occurred from November 10 to 20, a period in which there were numerous protests against the government of President Evo Morales, accused of having committed electoral fraud in the October general elections, according to the Electoral Integrity Analysis Report of the Organization of American States (OAS). Subsequently, the Commission learned about some arrest warrants against persons who were part of the interim government 2019-2020, for the crimes of sedition, terrorism and conspiracy within the judicial case called "coup d'état", said persons denounced being victims of persecution. In light of this situation, the Inter-American Commission on Human Rights reiterated that some national anti-terrorism laws violate the principle of legality, as they are based on an excessively broad and imprecise definition of the concept of terrorism. In March 2022, the Commission signed an agreement to follow up on the recommendations raised by the Interdisciplinary Group of Independent Experts (GIEI-Bolivia) in the report on the events of violence in 2019, in this document 36 recommendations were established for the plurinational State, the Bolivian civil society and the IACHR. One of these agreements focuses on the need to redefine the concept of terrorism: "To adapt the criminal definitions of sedition, terrorism and financing of terrorism, in accordance with the principle of legality and international standards, and to review the practice of promoting and confirming charges in relation to these criminal definitions. In January of this year, in the report Social Cohesion: the challenge for the consolidation of democracy in Bolivia, the IACHR again expressed its concern about the existence of "unclear and objective criminal offenses such as terrorism and breach of duty. Likewise, there is a lack of adaptation of the classification of the crime of torture to international standards". Currently, people like Fernando Hamdan are being prosecuted for terrorism and armed uprising against the security and sovereignty of the State after the events of June 26, so it is even more urgent that Bolivia heed the recommendations of the Inter-American Commission on Human Rights and reform the classification of the crime of terrorism and its financing. The Ibero-American Commission on Human Rights for the Development of the Americas (CIDHPDA), in the voice of the President Commissioner for Latin America and the Caribbean, Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, demands that the government of Luis Arce take the corresponding measures, following international standards, to guarantee the human rights of Bolivians. Previous Next

<VOLVER Chiediamo la liberazione del 278 prigionieri politici in Bolivia: CIDHPDA BOLETIN DE PRENSA Italia 09 LUGLIO 2024 La Commissione iberoamericana per i diritti umani per lo sviluppo delle Americhe (CIDHPDA), attraverso il suo Consiglio iberoamericano, chiede che il governo boliviano tratti i prigionieri politici in modo equo e giusto e che i Protocolli di Istanbul e il Protocollo di Nelson Mandela siano applicati a tutti loro per conoscere la reale situazione umana di ciascuno di essi. Recentemente, la Global Human Rights League (GHRL), un'organizzazione non governativa e senza scopo di lucro che si dedica alla difesa, alla promozione e alla diffusione dei diritti umani in tutto il mondo, ha pubblicato un rapporto sulla situazione attuale dei prigionieri politici in Bolivia, indicando un totale di 296 persone imprigionate per aver esercitato il loro libero pensiero, di cui 278 sono attualmente detenuti, 8 sono stati rilasciati e altri 8 sono stati condannati. Specifica inoltre che 250 dei detenuti sono uomini e 46 donne, tra cui 2 minori. Inoltre, si registra la morte di due prigionieri detenuti per motivi politici. D'altra parte, la Commissione interamericana per i diritti umani, dopo la sua visita in Bolivia a marzo, ha messo in guardia sulla mancanza di indipendenza del sistema giudiziario dal governo. Nel suo rapporto Coesione sociale: la sfida per il consolidamento della democrazia in Bolivia, evidenzia una storica debolezza istituzionale intensificata dalla profonda polarizzazione politica che aggrava "il conflitto, permette l'escalation della violenza e genera le condizioni per le violazioni dei diritti umani nel Paese". Oltre a colpire le istituzioni democratiche, lo Stato di diritto e la libertà di espressione". Per quanto riguarda il caso del commissario presidente del capitolo boliviano della CIDHPDA, Fernando Hamdan, detenuto nel carcere di San Pedro in Bolivia con l'accusa di aver partecipato alla presunta rivolta militare contro il regime di Luis Arce, la Lega Globale dei Diritti Umani riconosce il suo lavoro di attivista per i diritti umani: "Fernando Hamdan ha svolto un lavoro eccezionale, con grande etica e responsabilità. Per nessun motivo rientra nel profilo di una persona che minaccia la sicurezza di qualcuno. Al contrario, è un convinto difensore della libertà e della democrazia", ha dichiarato in una pubblicazione sul social network X. Il Consiglio iberoamericano (CI) ha affermato che, secondo i criteri internazionali, qualsiasi persona o gruppo può essere un difensore dei diritti umani, dato che il rispetto della dignità umana e dei diritti umani fondamentali sono universali e trasversali per tutti gli esseri umani, per cui limitare le loro azioni è un atto di irresponsabilità da parte dei cetari ufficiali dello Stato Plurinazionale della Bolivia. Previous Next

<VOLVER La CIDHPDA se solidariza con la periodista Yolanda Caballero tras sufrir un atentado BOLETIN DE PRENSA México 02 DE FEBRERO DEL 2024 La COMISIÓN IBEROAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS PARA EL DESARROLLO DE LAS AMÉRICAS (CIDHPDA), en voz del Periodista Ricardo Contreras Reyes, Comisionado Nacional en la Defensa de la Libertad de Expresión y Periodistas, manifiesta su solidaridad con la comunicadora Yolanda Caballero quien sufrió un ataque a su vehículo en el que se le prendió fuego en la ciudad de Tijuana a pocos días de haber señalado amenazas por parte de la alcaldesa morenista Montserrat Caballero Ramírez. En la tarde de este jueves la periodista estaba en el fraccionamiento Loma Dorada cuando, cerca de las 15:00 horas, un hombre se acercó a su automóvil y arrojó botellas llenas de gasolina con las que quemó parcialmente el interior mientras ella se encontraba en las oficinas de “Noticias de Tijuana” realizando una entrevista. De acuerdo con un video que circula en redes sociales, el responsable, se subió en una camioneta Mitsubishi, modelo Montero, color dorado, en la que se fugó en dirección al Este de la ciudad. Al momento no se ha detenido ni identificado al o a los perpetradores de este atentado. Yolanda Caballero es una periodista bajacaliforniana especialista en política y nota roja con más de una década de trayectoria. Ha trabajado en diversos medios de comunicación como CNR Noticias, Telemundo, Canal 66, Frontera y Cadena Radio. Actualmente, se desempeña como periodista independiente y cuenta con su propio sitio web. En días recientes, la comunicadora tuvo desencuentros públicos y en redes sociales con la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, cuando, en un evento público, un ciudadano le reclamó el “abandono” que sufre la comunidad en donde vive. Ante dicha declaración, la alcaldesa acusó a la periodista de haber traído a ese hombre para realizar un golpeteo en su contra, sin embargo, Yolanda Caballero afirma que no está relacionada con él. Así mismo, advirtió que el señalamiento de la alcaldesa la había dejado vulnerada al exponerla al ojo público, colocándola así en una situación de riesgo. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de la Oficina en México del Alto Comisionado, ha fijado un posicionamiento sobre esta situación, a través de un comunicado en el que condena el ataque en contra de la periodista e insta a las autoridades mexicanas realizar las investigaciones para dar con los responsables. En la CIDHPDA reconoce la valentía con la que Yolanda Caballero ha declarado que no cesará su labor periodística pese a las amenazas. Igualmente, exigimos a las autoridades federales la protección urgente y necesaria en favor de la periodista, así como el esclarecimiento de los hechos. El Estado tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar el respeto a la libertad de expresión y la seguridad de las y los comunicadores en todo el país. Previous Next