<VOLVER ES URGENTE TOMAR MEDIDAS PARA IMPEDIR QUE MENORES DE EDAD SEAN RECLUTADOS EN LAS AUTODEFENSAS: CIDHPDA BOLETIN DE PRENSA México 26 DE ENERO DEL 2024 La COMISIÓN IBEROAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS PARA EL DESARROLLO DE LAS AMÉRICAS (CIDHPDA), en voz de su comisionado para América Latina y el Caribe, Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, reclama al Estado Mexicano de la 4T por incumplir con su obligación de procurar los derechos humanos y el bienestar de las infancias: “Es inadmisible que esta administración sea omisa en los asuntos que competen a la protección y en el desarrollo de niños, niñas y adolescentes, así como de los tratados internacionales que se han firmado y ratificado en el Senado Mexicano”, puntualizó Gutiérrez Yáñez. Este miércoles, 20 menores de edad se han integrado a las filas de las autodefensas en Ayahualtempa, Guerrero. La policía comunitaria se vio en la necesidad de reclutar a 5 niñas y 15 niños de entre 12 y 17 años debido a la ineficacia de las autoridades para contener la ola de violencia provocada por grupos del narcotráfico que se disputan el territorio en esa entidad. Dicho cuerpo armado cuenta con 28 años de existencia y está formado por pobladores de 16 municipios al sureste de Guerrero, en conjunción con la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y Pueblos Fundadores (CRAC). Esta organización ha aclarado que los menores solo harán trabajos de vigilancia; aun así, este tipo de labores los mantendrán en una condición de alto riesgo. El reclutamiento de niños soldados en las autodefensas no es un fenómeno nuevo. La policía comunitaria de esta región ha recurrido a esta práctica durante varios años para hacer frente al crimen organizado, el cual opera en una de las zonas más pobres. A principios del 2020, niñas, niños y adolescentes de Acotapaxtlán denunciaron que un grupo delictivo tenía tomada la zona, ello les impedía asistir a la escuela, pues temían ser “levantados”, asesinados o desaparecidos, no obstante, las autoridades hicieron caso omiso. La población se vio obligada a iniciar un reclutamiento de menores de edad a partir del 23 de enero de 2020, así, empezaron a llegar los primeros integrantes armados con palos. En abril del 2021, un grupo de 30 niños de entre 6 y 11 años formaron parte de las autodefensas del municipio José Joaquín de Herrera, en la Montaña Baja de Guerrero. Para ese entonces ya se les daba armas de fuego. Atestiguar como otro grupo de niños toman las armas para sumarse a la policía comunitaria es preocupante, pues estas actividades son síntomas de la falta de un Estado de derecho. En la conferencia matutina del 15 de abril del 2021, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, manifestó su rechazo sobre la utilización de menores de edad en grupos de autodefensas en Guerrero, pese a ello, ni el gobierno federal ni el estatal han tomado las medidas necesarias para fortalecer la seguridad en la zona y proteger la integridad de sus habitantes. El Comisionado presidente de la CIDHPDA calificó como inaceptable la ineficacia de la estrategia de seguridad y de prevención del delito a 5 años del actual gobierno, hecho que mantiene a población mexicana al asecho de grupos delincuenciales, motivo que ha forzado a las comunidades más vulnerables a autodefenderse. “No es posible que Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS (CNDH), en su última comparecencia esté más preocupada en cambiar de nombre a la institución que en atender los agravios de omisión del Estado Mexicano. Las instituciones no están haciendo lo suficiente para proteger a los niños, niñas y adolescentes que están viviendo momentos donde los homicidios están a la orden del día”, señaló Gutiérrez Yáñez. Previous Next

El Sol de México OEM acapara reconocimientos de la CIDH por su labor y trabajo periodístico Descarga aqui Express La CIDHPDA posesionó a nuevos comisionados en su sede en Ecuador Descarga aqui La Revista Peninsular CIDHPDA rechaza el uso de armas por parte de funcionarios públicos Descarga aqui El Siglo de Durango Rinde protesta CIDHPDA en Gómez Palacio Descarga aqui El Clarinete CIDHPDA felicita a Norma Piña por su premio de DH 2023 Descarga aqui El Punto sobre la i Toma de protesta de los nuevos comisionados de la CIDHPDA capítulo Durango Descarga aqui La Prensa Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos se solidariza con madres buscadoras Descarga aqui El Sol de Durango Rinde protesta la Coordinación regional de ONGI en Durango Descarga aqui La Revista Peninsular Manifiesta CIDHPDA su preocupación ante los cambios a la constitución que plantea la reforma al TEPJF Descarga aqui El Punto sobre la i El estado de Chihuahua en conjunto con la Cidhpda implementan acciones para el combate de la drogadicción y el suicidio Descarga aqui Download

<VOLVER LA CIDHPDA RECHAZA LA POSTURA DE LA TELEVISORA TV AZTECA SOBRE LA PORTACIÓN DE ARMAS BOLETIN DE PRENSA México 17 DE MARZO DEL 2024 La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), en voz del Comisionado Presidente para América Latina y el Caribe, Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, rechaza rotundamente el posicionamiento de la televisora mexicana TV Azteca, que a través de su noticiero estelar, consideró necesario otorgar a la ciudadanía el derecho a portar armas como medida de autodefensa. Estas declaraciones son peligrosas en el contexto de inseguridad y violencia que enfrenta México, pues las armas nunca han sido ni serán una vía efectiva para la pacificación y resolución de conflictos. Cabe señalar que este debate surgió a partir del altercado entre Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, a raíz de la toma del campo de Golf en Huatulco, el cual estaba siendo operado por el empresario mediante una concesión que supuestamente vencía en 2027, pero el gobierno federal la declaró parque nacional a través de un decreto del 26 de febrero. El mandatario mexicano argumentó que estos terrenos son de la nación, no propiedad privada. Horas después que elementos de la Guardia Nacional se desplegaran en las inmediaciones del club de golf, la televisora emitió una editorial en la que recurrió a la Segunda Enmienda de los Estados Unidos para justificar la posesión de armas en la población civil, no obstante, es necesario señalar que esta medida, más allá de proteger a las y los ciudadanos de ese país, ha sido la causa de cientos de muertes de personas inocentes. En el 2023, Estados Unidos superó los 400 tiroteos masivos, lo cual significó un nuevo récord de violencia armada. De acuerdo con la encuesta realizada en el 2023 por la KFF (antes conocida como Kaiser Family Foundation), 1 de cada 5 adultos estadounidenses ha tenido un familiar muerto por arma de fuego, incluidos homicidios y suicidios. La posesión de armas resulta peligrosa para las personas con tendencias a quitarse la vida, ya que en ellas encuentran una vía precipitada para terminar con sus problemas, inhibiendo así sus posibilidades para buscar ayuda profesional. TV Azteca consideró como “inoperante” la acción del gobierno Federal para combatir al crimen y proteger a sus ciudadanos: "¿No tendríamos el derecho de proteger nuestra vida y nuestras pertenencias?", preguntó el periodista Javier Alatorre. Al contrario de lo que plantea la televisora, es el derecho, el desarme lo que puede garantizar el derecho a la paz. Santiago Ripol Carulla, Profesor Titular de Derecho Internacional Público de la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona), afirma que el simple hecho de poseer un arma “condiciona la vida de miembros de la sociedad, impidiéndoles el pleno desarrollo de su personalidad y llevar una vida digna” Bajo esta premisa, el Estado, cuyo papel es velar por el bienestar de la población, debe promover el desarme para así garantizar el derecho a vivir en condiciones de seguridad, sin la amenaza de ser víctima de una catástrofe ocasionada por la posesión y el uso de armas. Solamente las fuerzas públicas debidamente capacitadas y entrenadas pueden hacer uso de ellas en favor de la seguridad de la ciudadanía. El Comisionado Presidente de la CIDHPDA, considera que, ante la crisis de inseguridad y violencia en México, los medios de comunicación deben tomar el papel de difusores de la Cultura de Paz, promoviendo valores como la reconciliación, la solidaridad, el bien común, el diálogo, la igualdad y el amor: “La declaración del empresario Salinas Pliego a través de sus voceros violenta el derecho a la paz, y en México, el Derecho es a la Paz Social. Exigimos a los empresarios que utilicen sus medios de comunicación concesionados por en el Estado para realizar actividades en favor de la cultura de paz y la prevención del delito”, manifestó Gutiérrez Yáñez. Previous Next

El Clarinete 14 diciembre, 2024 Redacción Ciudad de México.- La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), a través de su Comisionado Presidente para América Latina y el Caribe, Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, hace un enérgico llamado al Estado Mexicano para que cumpla con la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso de la desaparición forzada de Antonio González Méndez, originario del pueblo indígena de Cho’l ,ocurrida el 18 de enero de 1999 en la comunidad El Calvario, municipio de Sabanilla, Chiapas. La Corte IDH declaró responsable al Estado mexicano por la desaparición forzada de González Méndez y las violaciones a los derechos humanos de sus familiares, determinando que, en ese contexto, operaban grupos con apoyo estatal que buscaban neutralizar organizaciones políticas y sociales opositoras en Chiapas. Cabe señalar que en 1999 hubo una ola de violencia tras la creación de grupos paramilitares respaldadas por el Estado cuyo objetivo era neutralizar las actividades del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), grupo al que pertenecía González Méndez. Por unanimidad, la Corte concluyó que el Estado mexicano es responsable de múltiples violaciones a los derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida, la integridad personal, la libertad y la protección judicial, conforme a los artículos 3, 4.1, 5.1, 5.2 y 7.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; así como el derecho a conocer la verdad, las garantías judiciales y la protección de la familia, entre otros. Estos derechos fueron vulnerados no solo en perjuicio de Antonio González Méndez, sino también de sus familiares y sus hijos. En su fallo, la Corte estableció una serie de medidas de reparación que el Estado deberá implementar, entre ellas: · Continuar las investigaciones penales para esclarecer los hechos, juzgar y sancionar a los responsables. · Realizar acciones exhaustivas para determinar el paradero de Antonio González Méndez, o, en su caso, identificar los posibles sucesos mortales. · Brindar tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico gratuito a los familiares directos de la víctima. · Publicar y difundir ampliamente la sentencia, además de implementar un programa de formación permanente para agentes del Estado en la identificación e investigación de desapariciones forzadas. · Dedicar una sala de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas en memoria de Antonio González Méndez. · Pagar los montos establecidos en la sentencia por daños materiales, inmateriales, costas y gastos legales. El Comisionado Presidente de la CIDHPDA, Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, subraya la importancia de este fallo como un momento crucial en la lucha por justicia, verdad y reparación integral, que ha sido parte del largo proceso de casi 26 años en busca de justicia por parte de la familia de Antonio González Méndez. La Corte IDH ha ordenado que el Estado mexicano emprenda una búsqueda efectiva para localizar a Antonio y adoptar medidas de reparación integral para su familia. Este fallo es un avance significativo pero no pone fin al proceso de justicia iniciado por la familia de la víctima, tal como lo señaló el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. La CIDHPDA reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos y continuará vigilando que el Estado mexicano cumpla con todas las medidas de reparación establecidas en la sentencia para garantizar justicia en el caso de Antonio González Méndez

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