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BOLETÍN DE PRENSA - CIDHPDA

DECEPCIONANTE DECLARACIÓN POR PARTE DEL GOBIERNO FEDERAL CON RESPECTO A LA MILITARIZACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA EN MÉXICO

26 DE OCTUBRE DE 2022

Foto: Twitter /@CIDH

La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), en voz del Comisionado Presidente para América Latina y El Caribe Víctor Hugo Gutíerrez Yáñez, manifiesta su inconformidad ante la postura que tomó el gobierno federal en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con relación a la militarización del país.

Dicha audiencia se llevó a cabo el 25 de octubre, a petición de más de una decena de organizaciones civiles para exponer, con datos duros, los efectos negativos que la militarización de la seguridad pública puede ejercer en los derechos humanos. La representante de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Luz Elena Baños, se limitó a leer la carta del presidente López Obrador, con la que descalifica a dichas organizaciones llamándolas "conservadoras".

“En el México de ahora a diferencia de los gobiernos neoliberales, cuando ustedes guardaban silencio cómplice, no se violan derechos humanos y ninguna corporación militar comete actos de barbarie como torturas, masacres o ajusticiamientos. Los conminamos respetuosamente a que dejen de servir, dejen de simular y dejen de actuar como ariete del conservadurismo y de otros países del mundo”. Con esas palabras concluyó Luz Elena Baños la lectura de la carta, manifestando así un desconocimiento sobre el trabajo que la CIDH ha realizado desde, por lo menos, 10 años atrás, para la defensa de los Derechos Humanos en México y en contra del uso excesivo del Ejército por parte del Estado.

Como prueba de lo anterior, en la página web de la OEA-CIDH se puede encontrar el comunicado de prensa emitido el 30 de septiembre del 2011, donde la CIDH valora positivamente la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada el 10 de junio de ese año, en la que México se compromete con los tratados internacionales que establecen, entre otras cosas, la obligación del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Por otro lado, en esa misma fecha la Suprema Corte de Justicia adoptó el criterio orientador respecto de la restricción del fuero militar en los casos en que elementos de las fuerzas armadas cometan violaciones a los derechos humanos. De esta manera organizaciones como la OEA, la ONU y la CIDH mantenían un ojo vigilante ante las acciones del Estado Mexicano de su Ejército.

Por lo tanto, se le exhorta al gobierno federal a no emitir declaraciones desinformadas sobre la participación de los organismos internacionales en la defensa de los Derechos Humanos en México y a priorizar la protección de los mismos más allá de tintes partidistas e ideologías políticas.

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