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BOLETÍN DE PRENSA - CIDHPDA

LA CIDHPDA EXHORTA AL SENADO HACER UNA EVALUACIÓN MINUCIOSA DE LA PROPUESTA DE REFORMA ELECTORAL


Foto: Internet


“El Estado está obligado a garantizar la autonomía del Instituto Nacional Electoral y los derechos políticos de los mexicanos”

15 DE NOVIEMBRE DE 2022

La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), en voz del Comisionado Presidente para América Latina y El Caribe, Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, exhorta al Senado de la República para que se evalúe cuidadosamente la propuesta de reforma electoral presentada por el ejecutivo, con el fin de tomar las mejores decisiones a favor de los derechos políticos electorales de la ciudadanía y el derecho a la participación en los asuntos públicos. De esta manera, se busca que la aprobación o rechazo de dicha reforma esté sustentada con argumentos comprobables y no por intereses partidistas ni por filias o fobias ideológicas.

Para tener un panorama sobre lo que es prudente cambiar en el actual sistema electoral mexicano se debe tomar en cuenta la experiencia de otros países en este tema, por ejemplo, las elecciones del domingo 6 de noviembre en Nicaragua, las cuales se llevaron a cabo sin las garantías suficientes para unos comicios libres y justos, según lo advirtió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El resultado fue una victoria plagada de irregularidades para el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido del presidente socialista Daniel Ortega, quien mantiene el control casi total de los gobiernos locales. Las elecciones se dieron en un contexto de crisis social con 45 personas privadas de su libertad, situación que se ha ido gestando desde el 2018 y se agudizó en el 2021 al intensificarse la represión en contra de personas opositoras. Entre las víctimas se encuentran activistas de derechos humanos, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y periodistas, quienes fueron objeto de detenciones arbitrarias y violaciones a sus derechos humanos. Actualmente, los detenidos viven en condiciones insalubres que ponen en riesgo sus vidas.

En suma, en la reciente jornada electoral se presentaron denuncias por detenciones arbitrarias de al menos 8 personas. Medios internacionales y locales registraron varias operaciones ilegales, como: coacción, falta de difusión (por lo que mucha gente no se enteró de que había elecciones), y más de mil candidatos falsos en las municipales, de acuerdo con el observatorio electoral independiente Urnas Abiertas. Además, la Asamblea Nacional aprobó una ley que permite a los nicaragüenses acudir a las urnas con una cédula vencida, lo que podría disimular el abstencionismo y motivaría a los simpatizantes con varias cédulas de identidad caducadas a emitir más de un voto.

Todas estas circunstancias reflejan la decadencia del sistema electoral que ha permitido a los Ortega Murillo perpetuarse en el poder por 15 años, escenario que tiene preocupados a los organismos internacionales, como la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas (OACNUDH), pues la perpetuidad del dirigente va en contra del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual aboga por los derechos políticos de los ciudadanos, entendidos como la libertad de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, y participar en los asuntos públicos en condiciones de igualdad.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos advierte la falta de un sistema electoral independiente y la ausencia de reformas eficaces para la reestructuración del Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua. La última modificación, que se dio en mayo de este año, restringe aún más la participación ciudadana al establecer un proceso electoral exprés que incumple con los estándares internacionales.

La experiencia legislativa en materia electoral de Nicaragua evidencia el control total del CSE por parte del Estado, cuestión que debe servir de ejemplo en la discusión de la reforma al Instituto Nacional Electoral (INE), para que los legisladores no aprueben leyes que vulneren su autonomía.

Un punto que llama la atención en la propuesta del gobierno mexicano es el artículo 41, el cual pretende eliminar los Organismos Públicos Locales OPLES y concentrar todos los procesos electorales en un solo organismo a nivel federal, el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC); así mismo, se desaparecerán los Tribunales Electorales Estatales para que el único encargado de resolver controversias en la materia sea el Tribunal Electoral del Poder Judicial. Todo ello con el propósito de reducir costos. Cabe preguntarse si es conveniente tomar estas medidas o si, por el contrario, se pone en riesgo la transparencia y la procuración de justicia en las jornadas electorales de los Estados.

Es de suma importancia que, más allá de los cambios que se necesiten en el sistema electoral mexicano, se transforme el sistema de partidos, para que así, el mismo candidato por número de votos que sale a la calle a encontrarse con el elector encuentre su espacio para representarlo en el congreso, evitando la perpetuidad de sus dirigentes y así garantizar los derechos políticos.

La CIDHPDA considera que no hay la suficiente participación ciudadana en México, ya que el poder se concentra en la participación partidista. El Estado está obligado a cumplir con el citado artículo 23 de la carta de la Convención Americana sobre Derechos Humanos al procurar que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades para participar en los asuntos públicos, de esta manera se garantizará la democracia en nuestro país. Para ello, es de vital importancia que en el Senado de la República cree una reforma integral y no de control excesivo. Además, se debe buscar la profesionalización de los legisladores por medio de la creación del Instituto Nacional del Poder Legislativo, quien capacitará a los futuros legisladores a través de técnicas parlamentarias, la importancia de las comisiones y de un parlamento abierto.

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