En conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2003, diversas organizaciones y sectores de la sociedad civil se unen hoy para exigir un compromiso renovado en la lucha contra este fenómeno que sigue afectando a las naciones de todo el mundo. En muchas naciones del mundo, como México, la corrupción continúa siendo uno de los mayores retos para el desarrollo social, político y económico del país, generando profundas desigualdades y violaciones a los derechos humanos.
Según el Consejo Económico y Social de la ONU, la corrupción afecta al desarrollo sostenible en todos los países, pues se lleva más del 5% del PIB mundial. “De los aproximadamente 13 billones de dólares de gasto público mundial, hasta el 25% se pierde a causa de la corrupción”. Por lo tanto, las actividades asociadas a este delito impiden la efectiva implementación de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2023 de Transparencia Internacional, México ocupa el puesto 126 de 180 países evaluados, con una calificación de 31 puntos sobre 100, lo que refleja una situación de alta corrupción. Este fenómeno tiene consecuencias devastadoras para el bienestar de la población. Las estadísticas del Informe Nacional de Evaluación 2023 del INEGI, demuestran que la corrupción costó a México aproximadamente el 5% del Producto Interno Bruto (PIB), equivalente a más de 500 mil millones de pesos anuales, dinero que bien pudo haberse invertido en desarrollo social, infraestructura, salud y educación.
El desvío de recursos públicos y la falta de transparencia en el gasto contribuyen a la escasez de servicios públicos de calidad, como salud, justicia y seguridad, afectando de manera desproporcionada a los grupos más vulnerables: comunidades indígenas, mujeres y personas en situación de pobreza. La corrupción está presente en instituciones clave como la policía, el sistema judicial y los servicios públicos, a este respecto, el INEGI, en un Comunicado de prensa número 768/23 publicado hace un año reveló que el 36.2 % de las personas adultas privadas de la libertad en 2021 fue víctima de corrupción en algún momento de su proceso penal.
Por todo el daño que ocasiona, la corrupción se ha convertido en un obstáculo para la plena realización de los derechos humanos en México. En muchos casos, los sobornos y los acuerdos corruptos entre autoridades y empresas privadas contribuyen a que los derechos a un ambiente sano, la vivienda y la seguridad sean vulnerados sistemáticamente. Asimismo, la corrupción en las fuerzas de seguridad y el sistema judicial agrava la impunidad, lo que impide el acceso a la justicia para las víctimas de delitos, en especial en los casos de violencia de género, desapariciones forzadas y otras violaciones graves de derechos humanos.
En un país donde la opacidad en las instituciones es tan común, las organizaciones civiles y sociales desempeñan un papel fundamental en la denuncia de prácticas corruptas, la promoción de la transparencia y la exigencia de rendición de cuentas. Estas organizaciones, como Transparencia Mexicana, Fundar y México Evalúa, realizan investigaciones, difunden información y sensibilizan a la ciudadanía sobre los impactos de la corrupción en el país.
Algunas de las estrategias más efectivas que emplean este tipo de organizaciones para combatir la corrupción se encuentran: la promoción de leyes y políticas públicas contra la corrupción; el fortalecimiento de la participación ciudadana al incentivar la denuncia; la colaboración con autoridades internacionales para monitorear el cumplimiento de los compromisos anticorrupción del Estado; y la educación cívica sobre la importancia de la ética pública, así como la capacitación de los servidores públicos para prevenir el abuso de poder y el desvío de recursos.
En este Día Internacional contra la Corrupción, la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), en voz del Comisionado Presidente para América Latina y el Caribe, Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, hace un llamado a las autoridades gubernamentales, a las organizaciones civiles y a la sociedad en general a unirse en un esfuerzo colectivo para erradicar la corrupción en México. Solo mediante una acción conjunta, que combine la presión social, la transparencia y el compromiso político, se podrá construir un país más justo, libre de corrupción y respetuoso de los derechos humanos de todos sus habitantes.