La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), en voz del Comisionado Presidente para América Latina y el Caribe, Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, en conjunto con los comisionados de la CIDHPDA Capítulo Bolivia: la Dra. Carolina Delgadillo, Comisionada Presidenta; el Dr. Fernando Hamdan (Preso Político), Presidente del Consejo; la Dra. Kelly Tejeda, Secretaria General; y la Dra. Katerine Antezana, Visitadora en Centros de Reclusión Penal; presentaron el informe correspondiente a las actividades de Defensa y Protección de los Derechos Humanos en la República de Bolivia 2024.
En particular, en este informe se señala la persecución y criminalización de activistas y opositores políticos, lo que ha generado un ambiente de incertidumbre e impunidad en el país. Así mismo, se describe cómo la CIDHPDA ha intervenido en la defensa de algunas víctimas de persecución política, como en los casos de Oswaldo Marcel Martín Rivas Falón, exdirector general de Migración de Bolivia desde el 19 de noviembre de 2020 hasta el 4 de noviembre durante el gobierno de la presidenta Jeanine Áñez Chávez. Martín Rivas fue acusado de facilitar la salida irregular del país de los exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López.
Del mismo modo, se expone el caso de Mauricio Alejandro Bruzzone Herrera, miembro de la Resistencia Civil pacífica del Departamento de La Paz, que permanece detenido desde julio de 2022 por portar un escudo y petardos en la marcha nacional en defensa de la libertad, la justicia y la democracia, convocada por el Colegio Médico de Bolivia. Este último caso dio a conocer la infiltración de cuatro militares en dicha organización civil durante más de seis meses.
En el documento también se señala la violación al debido proceso por actos de terrorismo en contra del Comisionado Presidente del Consejo de la CIDHPDA-Bolivia, Fernando Hamdan, detenido desde el 7 de julio, acusado de participar en el alzamiento militar del 26 de junio, liderado por el general Juan José Zúñiga. Hamdan permanece recluido en el penal de San Pedro de la ciudad de la Paz bajo los cargos de terrorismo y alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado.
En la CIDHPDA consideramos que el delito de terrorismo en Bolivia tiene una definición demasiado amplia e imprecisa, lo cual se ha prestado para apresar a opositores al gobierno, por lo tanto, se incluyeron en el informe las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para reclasificar este delito en el país sudamericano. Es necesario que estas recomendaciones se tomen en cuenta para que Bolivia se apegue a los estándares internacionales con el fin de garantizar los derechos humanos de su población.
El Informe CIDHPDA/BOL/LP/INF/002/2024 INTERVENCIÓN DE LA CIDHPDA EN CASOS DE BOLIVIA tiene el propósito de acentuar la importancia de fortalecer las instituciones y mecanismos de protección de derechos humanos en este país, así como la necesidad de garantizar un juicio justo y transparente para todos los ciudadanos, independientemente de su ideología política. “Es imperativo que la comunidad internacional preste atención a la situación de los derechos humanos en Bolivia. La defensa de los presos políticos es un pilar fundamental para garantizar un Estado de derecho y el respeto a la dignidad humana”, afirmó Gutiérrez Yáñez.
Con este informe, la CIDHPDA reitera su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la promoción de un diálogo constructivo que permita avanzar hacia la justicia y la reconciliación tanto en Bolivia como en toda América Latina.