La CIDHPDA expresa preocupación por tres actos de censura hacia la ciudadanía y dos periodistas.

“Estos tres casos reflejan una preocupante tendencia: la instrumentalización del sistema
judicial para inhibir la crítica, castigar la disidencia y condicionar el debate público”

La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas
(CIDHPDA), en voz del Comisionado Presidente para América Latina y el Caribe, Víctor Hugo
Gutiérrez Yáñez, manifiesta su profunda preocupación por una serie de decisiones judiciales
recientes que representan una grave amenaza para la libertad de prensa y de expresión en
México. Los casos que involucran al periodista Jorge Luis González Valdez, a la ciudadana
Karla María Estrella Murrieta y al escritor Héctor de Mauleón evidencian un patrón
alarmante de uso excesivo y punitivo del poder estatal para silenciar voces críticas.
En Campeche, la jueza interina Ana Maribel de Atocha Huitz May impuso nuevas medidas
cautelares contra el periodista Jorge Luis González Valdez y el periódico Tribuna,
obligándolos a someter sus contenidos a la revisión de interventores judiciales antes de su
publicación cuando se refieran a la gobernadora Layda Sansores. Además, se prohíbe al
periodista expresar cualquier opinión o difundir imágenes relacionadas con la mandataria.
Esta resolución, aunque revoca sanciones previas declaradas inconstitucionales, representa
una censura institucionalizada que vulnera directamente el derecho a la libertad de
prensa.
En Sonora, la ciudadana Karla María Estrella Murrieta fue sancionada por el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación por publicar un comentario crítico en la red
social X sobre una diputada del PT. A pesar de tratarse de una opinión personal en un
entorno digital, la resolución la obliga a pedir disculpas públicas, pagar una multa, tomar un
curso obligatorio y permanecer inscrita 18 meses en el Registro Nacional de Personas
Sancionadas por Violencia Política de Género. Este caso ha generado un amplio rechazo
social por representar una penalización desproporcionada que intimida a quienes ejercen
su derecho a opinar libremente.
En la conferencia matutina de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció
en contra de la sanción impuesta a Karla María Estrella, consideró que la medida es un
exceso y pidió a los tribunales actuar con equilibrio y proporcionalidad. Si bien reconoció la
importancia de sancionar expresiones que atenten contra la dignidad de las mujeres, insistió
en que las sanciones deben mantenerse en su justa dimensión. En la CIDHPDA esperamos

que autoridades y funcionarios públicos tomen en serio este llamado de atención y
moderen sus juicios y sentencias en este tipo de denuncias.
Finalmente, en Tamaulipas, el Tribunal Electoral validó la designación de Tania Contreras
López como presidenta del Poder Judicial estatal, a pesar de estar señalada por intentar
censurar al periodista Héctor de Mauleón y al periódico El Universal, tras la publicación de
una columna que la vinculaba con redes de corrupción y contrabando de combustibles. Este
fallo evidencia la falta de mecanismos eficaces para cuestionar la idoneidad de
funcionarios con antecedentes preocupantes en materia de libertad de prensa.
Desde la CIDHPDA advertimos que estos tres casos reflejan una preocupante tendencia: la
instrumentalización del sistema judicial para inhibir la crítica, castigar la disidencia y
condicionar el debate público, lo cual representa una regresión en el respeto a los derechos
fundamentales en una sociedad democrática.
La libertad de expresión no es un privilegio, es un derecho humano fundamental consagrado
en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y es piedra angular
para la transparencia, la rendición de cuentas y el desarrollo de sociedades justas. El abuso
del poder para restringir este derecho daña profundamente la vida democrática del país.
Hacemos un enérgico llamado a las autoridades judiciales, electorales y políticas de todos
los niveles para que garanticen el pleno respeto a la libertad de prensa y de expresión, y a
que se abstengan de utilizar figuras jurídicas con fines intimidatorios o de censura.