La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), en voz del Comisionado Presidente para América Latina y el Caribe, Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, rechaza las acciones militares en contra de civiles inocentes como sucedió recientemente en Culiacán, Sinaloa. El diario El Reforma dio a conocer en su nota principal del 24 de octubre de 2024, imágenes donde se observa a un hombre circular en su camioneta sobre una avenida en la colonia Miguel Hidalgo, en Culiacán de Rosales, cuando fue detenido por elementos del Ejército y de la Guardia Nacional (GN), quienes intentaron ejecutarlo extrajudicialmente bajo el pretexto de que transportaba a presuntos delincuentes.
El video muestra a uno de los militares ordenar a otro matar al civil; sin embargo, según relata El Reforma, desistieron al percatarse de la presencia de una cámara de seguridad que grabó todo el incidente. El hombre, quien responde al nombre de Alexis, resultó herido de bala y, posteriormente, fue llevado ante un juez para acusarlo como un provocador de violencia en la capital de Sinaloa.
Los elementos de la GN alegaron que Alexis transportaba supuestamente a dos hombres armados, quienes habrían disparado contra las fuerzas federales. No obstante, en el video que capturó la cámara de un negocio se observa que Alexis viajaba sin acompañantes. “El juez federal al ver las evidencias decidió liberarlo y declarar la no vinculación a proceso”, informó el periódico de circulación nacional.
En la conferencia matutina de este jueves 24 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre estos hechos y aseguró que se están haciendo investigaciones y que su gobierno no va a permitir “ejecuciones fuera de la Ley”. En la CIDHPDA estaremos vigilantes de que este compromiso se cumpla con la finalidad de que los presuntos responsables de esta detención extrajudicial sean juzgados y que así este hecho quede como un precedente para que no vuelvan a ocurrir detenciones arbitrarias por parte de militares.
Cabe resaltar que, en los últimos tres sexenios, la letalidad de las Fuerzas Armadas se ha intensificado; tal afirmación se puede corroborar a través de las diversas investigaciones periodísticas y académicas que han venido documentando la actividad del Ejército en las tareas de seguridad pública. La más reciente se encuentra en Permiso para matar, investigación periodística que documenta los casos de mil 524 víctimas, hombres y mujeres sin vínculos con el crimen organizado, sobre los que no pesaba ninguna sospecha. Cada uno de ellos y ellas fueron asesinados o desaparecidos con total impunidad.
En los pocos días que lleva al frente del ejecutivo la actual administración, sucedió el asesinato de seis migrantes en Chiapas por parte del Ejército, durante un supuesto enfrentamiento en Colima. Mientras que, durante una persecución en Nuevo Laredo, Tamaulipas, fueron asesinados una niña, un joven y una enfermera.
No se puede tolerar ninguna acción por parte del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional que, de forma directa o indirecta, termine por violentar la dignidad humana de la ciudadanía. Es urgente revisar las acciones militares, pues con estas acciones se demuestra la falta de protocolos que permiten preservar la vida de la población.