La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), en voz de su Comisionado para América Latina y el Caribe, Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, considera de suma importancia el proteger la integridad de miles de latinoamericanos que han caído en manos del crimen organizado para ser extorsionados o privados de la libertad bajo amenazas de muerte. Ante esta situación es urgente que el Estado Mexicano, encabezado por el Lic. Andrés Manuel López Obrador, no sea omiso en garantizar la vida humana mediante la certificación de rutas al norte de México y poner a trabajar a la Guardia Nacional en las terminales de autobuses; también, se deben instalar botones de pánico para detener los secuestros.
El sábado 30 de diciembre, pasadas las 19:00 horas, un comando armado interceptó un autobús de pasajeros de la ruta Monterey-Matamoros y secuestró a 31 migrantes. Afortunadamente, fueron rescatados sanos y salvos este miércoles gracias a la Guardia Nacional y a las fuerzas armadas, según anunció en su cuenta de X (antes Twitter), la secretaria de gobernación, Luisa Alcalde. Sin embargo, los esfuerzos del gobierno federal y de los gobiernos estatales no son suficientes para frenar este tipo de crímenes, los cuales han sido una constante en la misma región.
El secuestro de migrantes es el modus operandi de la delincuencia organizada para reclutar gente que les sirvan como sicarios o como integrantes de sus grupos criminales. Lamentablemente, esta situación lleva más de una década agravándose. En el 2010, año de la primera masacre de San Fernando, Tamaulipas, en la que 72 personas de distintas nacionalidades fueron ejecutadas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) advirtió en un informe sobre el aumento de este delito.
Según el Instituto Nacional de Migración, más de 11,000 personas fueron víctimas de tráfico y 523 de secuestro en el 2021. Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) registró 494 carpetas de investigación por delito de tráfico de migrantes y siete por secuestro a extranjeros, lo que significa un incremento de 503% en comparación a las cifras de 2020, en donde se reportaron 164 víctimas de tráfico.
Durante el 2022, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación (Segob), se registraron 11,091 migrantes que denunciaron haber sido víctima de algún delito, mientras que, para el 2023 hubo 569 denuncias, una cifra menor que la de 2022; sin embargo, especialistas en la materia señalan dos motivos que hace a los migrantes desistir en poner una denuncia: el incremento de la desconfianza hacia las autoridades mexicanas y el miedo a represalias hacia sus familias En el 2023 el delito más frecuente hacia esta población fue el tráfico ilícito, con 245 casos, una disminución del 30% a los 352 casos denunciados en 2022; seguido del robo con 132 casos, cifra por debajo de las 747 víctimas del año anterior.
El comisionado presidente de la CIDHPDA exigió al Gobierno de México que los elementos de la Guardia Nacional estén dentro de los autobuses y monitoreen el traslado de las personas que se dirigen a la frontera norte. De igual forma, agregó que la política migratoria de la actual administración debe poner especial atención en el bienestar de niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y mujeres embarazadas, tal como lo señalan los protocolos internacionales de las naciones unidas.
Gutiérrez Yáñez recalcó que este fenómeno migratorio rebasó a la actual administración, la cual no ha sabido generar estrategias para poder atender la demanda de miles de personas que intentan llegar a la frontera con Estados Unidos: “No es posible que el Gobierno Mexicano exija cuidado a los migrantes mexicanos cuando su gobierno no tiene la capacidad de garantizar la vida de hermanos y hermanas latinoamericanos”, concluyó.