LA COMISIÓN IBEROAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS PARA EL DESARROLLO DE LAS AMÉRICAS (CIDHPDA) en voz del Comisionado para América Latina y el Caribe, VÍCTOR HUGO GUTIÉRREZ YÁÑEZ, señaló que será responsabilidad del Gobierno de la 4T el NO garantizar la vida de candidatos a puestos de elección popular, toda vez que en procesos electorales anteriores fueron ultimados candidatos en pleno proceso electoral.
En los últimos días, se han asesinado a posibles candidatos en diferentes zonas México, por lo que será obligación del Estado Mexicano realizar un Atlas de Riesgo Electoral donde se implemente una estrategia para salvaguardar la vida y los derechos Humanos de personas que buscan inmiscuirse en asuntos públicos a los cuales tienen todo el derecho.
Ricardo Taja Ramírez, aspirante a candidato de Morena a diputado federal en Acapulco, Guerrero, fue víctima de un ataque armado el 21 de diciembre. El 4 de enero Alfredo Giovanni Lezama Barrera, regidor de Cuautla, Morelos por el Partido Acción Nacional (PAN), quien buscaba una curul en el Congreso local, fue atacado a balazos al interior de un gimnasio. El día 5 fue asesinado el priista David Rey González, presidente de la Unión de Ejidos de Suchiate, Chiapas, y aspirante a alcalde de dicho municipio por el Frente Amplio por México (FAM). El mismo día fue encontrado sin vida el emecista Sergio Hueso, quien buscaba ser presidente municipal de Armería, Colima. Más recientemente, el 11 de enero, un grupo de sujetos armados asesinaron a la comisionada de Movimiento Ciudadano en Michoacán, Miriam Ríos Ríos, quien tenía interés en ser regidora de Jacona, Michoacán.
El problema de la violencia política en México se ha ido agravando a tal punto que se han alcanzado cifras históricas, lo cual tiene en alerta a los expertos, tal como lo advierte Armando Vargas, consultor senior en la Unidad de Riesgo Político de Integralia: “Es altamente probable que 2024 sea el año con mayor número de agresiones y asesinatos a candidatos y precandidatos en la historia del país”.
La violencia ha afectado a dirigentes, aspirantes, precandidatos y candidatos, siendo el ámbito municipal el más peligroso para realizar campañas. Los Estados con mayor riesgo para las y los postulantes a un cargo público son Veracruz, Oaxaca, Puebla, Guerrero y Michoacán. Se estima que los principales móviles para perpetrar este tipo de crímenes son: la presencia de la delincuencia organizada, tensiones políticas entre partidos y la confrontación de redes clientelares.
Es preocupante que la actual administración haya dejado crecer la violencia política hasta estos extremos. En 2021 se reportaron 178 muertes relacionadas con este fenómeno, en 2022 se elevó a 482 y en 2023 se registraron 529 casos. De acuerdo con los registros de Data Cívica, en lo que va del presente proceso electoral, del 7 de septiembre al 28 de noviembre del 2023, se habían registrado 81 asesinatos, seis amenazas, 18 ataques armados, 13 atentados, cinco desapariciones y ocho secuestros.
Esta situación está dañando la democracia del país, pues se han visto vulnerados los derechos políticos de las y los ciudadanos, amparados en el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El comisionado presidente de la CIDHPDA recalcó que no debe continuar la falta de interés del Gobierno de la 4T por proteger a hombres y mujeres de cualquier partido político.