La CIDHPDA rechaza toda forma de espionaje gubernammental y exige un a rigurosa investigación en el caso Pegasus.

“La CIDHPDA hace un llamado a las autoridades mexicanas para que actúen con
transparencia, imparcialidad y rigor jurídico”

La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA),
en voz de su Comisionado Presidente para América Latina y el Caribe, Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez,
manifiesta su enérgico rechazo a cualquier forma de espionaje por parte del Estado, particularmente
cuando está vinculada a actos de corrupción, violaciones a los derechos humanos y persecución
contra periodistas, defensores y ciudadanos.
La CIDHPDA lamenta que durante el sexenio anterior no se haya iniciado una investigación
formal contra el expresidente Enrique Peña Nieto, a pesar de los indicios y denuncias que
señalaban el uso del software espía Pegasus con fines políticos y represivos. Recientemente,
el medio israelí The Marker destapó las acusaciones de sobornos por 25 millones de dólares
presuntamente entregados a Peña Nieto para asegurar contratos de espionaje durante su
administración (2012–2018). No fue hasta este momento que hubo un pronunciamiento serio
al respeto por parte del Ejecutivo.
Frente a la reciente apertura de una carpeta de investigación anunciada en la conferencia
matutina de este 8 de julio, por la Fiscalía General de la República (FGR), la CIDHPDA hace
un llamado a las autoridades mexicanas para que actúen con transparencia, imparcialidad y
rigor jurídico, incorporando toda la información disponible, incluyendo la cooperación
internacional solicitada a Israel. La ciudadanía merece respuestas claras y justicia efectiva
frente a estas graves violaciones a los derechos humanos.
Los señalamientos documentados por organizaciones como R3D y Artículo 19, así como el
testimonio del testigo protegido “Zeus”, ponen en evidencia un entramado de corrupción,
espionaje, lavado de dinero y encubrimiento, que hasta ahora ha quedado impune. La falta
de voluntad en administraciones pasadas y actuales para sancionar estos delitos, incluso
después del escándalo global de Pegasus revelado en 2021, representa un grave retroceso
para el Estado de derecho en México.
La CIDHPDA reitera su compromiso con la defensa de la libertad de expresión, la privacidad
y el derecho a la verdad, y exige que el caso Pegasus no quede en la impunidad. La justicia
no puede depender de la presión mediática internacional: debe ser una obligación
permanente del Estado mexicano con sus ciudadanos.