La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), en voz de su Comisionado presidente, Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, se une al pronunciamiento del Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé De Las Casas” (Frayba), que acusa al Presidente de la República de mentir y encubrir la violencia en el Estado de Chiapas.

El Frayba es una asociación fundada en 1989 por iniciativa de Samuel Ruiz García, entonces obispo católico de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas. Por medio de su sitio web denuncia constantemente los actos cometidos en contra de los derechos humanos y el 23 de junio lamentó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia matutina de ese mismo día, haya lanzado difamaciones en contra de las organizaciones de la Sociedad Civil y de Derechos Humanos en Chiapas, pues su negacionismo contribuye a la impunidad impulsada por las autoridades locales.

Los territorios más afectados en estos momentos por la violencia son los Altos, Costa, la Frontera Sur, Norte y Selva del estado. El impacto de estas acciones ha perjudicado en gran medida a los pueblos originarios, por ello han optado por organizarse con el fin de combatir a la política del Estado mexicano que se mantiene omiso ante las amenazas de los grupos armados y la delincuencia organizada. A este respecto, el pasado 06 de julio, el Frayba denunció el resurgimiento de un grupo armado en el municipio de Pantelhó, lo cual, afirma el organismo, es parte de la violencia que ha imperado por años en Chiapas a causa de la disputa de dos grupos armados que buscan el control de la zona. Carlos Ogaz, coordinador del Área de Sistematización e Incidencia del Frayba, afirmó que esta situación se ha visto agravada por irresponsabilidad de las autoridades, quienes en lugar de trabajar por el bien de la gente, han tratado de utilizar la disputa entre camarillas delincuenciales para el control social, político, económico y territorial de la zona.

La organización civil también se muestra preocupada por las descalificaciones del Ejecutivo en contra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), pues vulnera aún más a esta organización flagelada por ataques sistemáticos encabezados por grupos armados corporativistas. De acuerdo con el Frayba, desde el 2019 se han perpetrado más de 110 ataques armados contra las comunidades que pertenecen a la región zapatista de Moisés y Gandhi, entre los cuales se incluyen quema de escuelas y bodegas de café, agresiones armadas, tortura, secuestros y heridos de gravedad con armas de fuego.

Los activistas del Frayba aseguran que los integrantes de esos grupos armados corporativistas son parte de la estructura gubernamental del municipio de Ocosingo por el Partido Verde Ecologista de México, quienes obtienen recursos de programas sociales como Sembrando Vida. Al respecto de este proyecto social, denuncian que su implementación en el territorio chiapaneco ha generado conflictos y tensiones entre un sector de la población que pugnan por la autonomía en el campo y quienes buscan acceder a este recurso a partir del control estatal, dejando de lado las necesidades de los pueblos originarios.
La CIDHPDA hace un llamado al Estado Mexicano para que atienda las demandas de las organizaciones de la sociedad civil y le recuerda su obligación de solucionar la problemática en el Estado de Chiapas con una estrategia que ayude a la reestructuración del tejido social y preserve la vida humana.