El 17 de septiembre se dio a conocer en medios de comunicación que José Víctor Ortiz Montes, ex secretario particular de Norberto Rivera, fue acusado, investigado y declarado culpable de pederastia, efebofilia y abuso sexual por El Vaticano, sin embargo, las autoridades mexicanas no han hecho su parte, por lo que el hoy excomulgado sacerdote sigue libre en el país. La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), en voz de su Comisionado para América Latina y el Caribe, Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, exhorta al Estado Mexicano a tomar las medidas necesarias para no dejar impune este y todos los casos de pederastia clerical.
Durante 20 años, la Arquidiócesis Primada de México ha protegido a Ortiz Montes, quien pertenecía a la Sociedad Clerical de Vida Apostólica Cruzados De Cristo Rey (CCR), donde se desempeñaba como un promotor vocacional. Dentro de sus funciones, organizaba y gestaba retiros espirituales exclusivos para niños y jóvenes varones. De acuerdo con los testigos, aprovechaba las actividades grupales, como excusiones y campamentos, para perpetrar los delitos en contra de los menores.
La Arquidiócesis Primada de México nunca fue clara con los padres de las víctimas sobre las denuncias interpuestas, en un principio afirmaron que sí se había presentado una denuncia penal en contra del sacerdote José Víctor Ortiz Montes, pero tiempo después informaron que solamente presentaron “un informe/notificación el 5 de septiembre de 2017”, ante la entonces Procuraduría General de la República, actualmente Fiscalía General de la República.
Las víctimas de pederastia clerical y sus familiares se encuentran en un estado de vulnerabilidad grave, pues tanto la FGR como la Fiscalía de la CDMX se declaran incompetentes para investigar los abusos sexuales de un ministro de culto. Por este motivo, la CIDHPDA exhorta al Estado Mexicano a hacer las reformas necesarias a la ley para que los miembros de cualquier institución religiosa acusados de pederastia sean sometidos a proceso como cualquier otro ciudadano.
Por décadas, ningún gobierno, autoridad o funcionario público ha denunciado ni ha intentado erradicar el sistema de encubrimiento que protege a los curas pederastas. Incluso, el actual representante del ejecutivo se ha mostrado tolerante ante estos casos. Todo el aparato del Estado está obligado a concentrar sus esfuerzos por buscar la verdad y la justicia, así como garantizar protección para las infancias y las juventudes mexicanas. Así mismo, exigimos a la Arquidiócesis Primada de México a comprometerse con el bienestar de las personas más necesitadas, como lo establecen sus preceptos religiosos, y desista de encubrir a sus integrantes. Su deber moral y cívico es cooperar con las autoridades, de lo contrario, estarán contribuyendo al deterioro del tejido social en México, motivo que no será tolerado por la ciudadanía ni por las asociaciones civiles.