La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas, en voz de su Comisionado Presidente para América Latina y el Caribe Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, exhorta a las autoridades tanto estatales como federales, al igual que a la Fiscalía General de Justicia Militar, a que esclarezcan los hechos acontecidos la madrugada del domingo pasado, cuando elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dispararon contra la camioneta donde viajaban seis jóvenes, cinco de ellos murieron y el otro se encuentra herido de bala en el hospital.
Los militares involucrados se encontraban realizando una labor de reconocimiento por la zona cuando, a las 4:50 horas escucharon disparos y se precipitaron a seguir una camioneta pick up que iba a exceso de velocidad, sin placas y con las luces apagadas. Los elementos argumentan que recibieron disparos por parte de las personas que viajaban en la camioneta y procedieron a contestar el fuego. No obstante, testigos aseguran que los jóvenes que yacían sin vida estaban desarmados.
Los familiares de las víctimas, al percatarse de lo sucedido, agredieron a los uniformados. El altercado fue captado en video y difundido en redes sociales, donde se puede ver que los militares arremetieron contra los civiles.
El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, en un comunicado de prensa, denunció que los soldados agredieron a un defensor de derechos humanos y que en este territorio los militares están fuera de control, actúan sin respetar las órdenes de su Comandante Supremo de “No matar heridos, no cometer Masacres y respetar los derechos humanos de las personas”. Ante estas acciones la CIDHPDA exige que se investiguen los atentados de las fuerzas armadas en contra de los civiles en Nuevo Laredo y que se revise la actual estrategia de seguridad pública.
El Estado debe vigilar el adecuado uso de la fuerza, pues es su obligación apegarse al Sistema Interamericano y el Sistema Universal de Derechos Humanos ante cualquier abuso de autoridad. Por otro lado, el gobierno de la 4T no ha atendido la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el 9 de febrero manifestó su preocupación por la aprobación de la Ley de la Guardia Nacional, la cual permite que las fuerzas armadas hagan labores de seguridad pública. El Estado mexicano está obligado a hacer valer las resoluciones de la CIDH para todo el país.