La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), en voz de su Comisionado Presidente para América Latina y el Caribe, Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, exigió al gobierno de Daniel Ortega cumplir con su obligación de en garantizar la vida y los derechos humanos de todos los integrantes de la Universidad Centroamericana. No puede señalar a la libertad de pensamiento como terrorismo, toda vez que esta libertad ayudó para que el movimiento sandinista llegara al poder.
Este miércoles la Universidad Centroamericana de Nicaragua (UCA) anunció que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo los acusó de “terrorismo” y ordenaron incautar todos los bienes muebles, inmuebles y dinero de la casa de estudios jesuita. En el oficio de la justicia orteguista se les ha señalado “como un centro de terrorismo, organizando grupos delincuenciales”, argumento que, a consideración de la UCA, es infundado.
La UCA se suma a una lista de instituciones educativas que ha sido confiscadas por el régimen nicaragüense, entre las que se encuentran la Universidad Hispanoamericana (Uhispam), denunciada por “falsear información”, lavado de dinero, no reportar sus estados financieros, entre otras causas. Estas acciones han preocupado a estudiantes, docentes y a la población en general, pues son intentos de controlar las universidades para acallar las voces críticas hacia la pareja presidencial. Estos ataques son una clara violación al artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el cual aboga por la libertad de expresión. También se está vulnerando el derecho a la libertad de conciencia y de religión amparado por el artículo 18 de la Declaración Universal y por el artículo 12 del Pacto de San José.
La actual administración encabezada por Ortega y Murillo ha venido acumulando una serie de violaciones a los derechos humanos, por ejemplo, en febrero de este año 94 opositores y críticos fueron declarados como traidores a la patria, entre los que se contaban escritores, periodistas, activistas y miembros de la iglesia, como el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez. También es importante recordar la represión durante el proceso electoral del 2022, donde se detuvieron de manera arbitraria a siete personas precandidatas a la presidencia. En suma, Nicaragua enfrenta graves casos de censura a sus medios de comunicación, actualmente se encuentran en el exilio cuatro comunicadores: Juan Lorenzo Holmann, Tamara Dávila, Lesther Alemán y Miguel Mendoza, quienes habían sido encarcelados injustamente por casi dos años.
Lamentablemente, en toda América Latina se cuentan casos que ponen en riesgo la libertad de expresión. El pasado 14 de junio, un tribunal guatemalteco sentenció al periodista José Rubén Zamora a seis años de prisión por lavado de dinero, sin embargo, su detención sucedió unos días después de haber publicado una investigación sobre “la trama rusa”, donde se señaló al presidente Alejandro Giammattei de recibir sobornos de empresarios rusos a cambio de beneficiarlos con concesiones de megaproyectos.
En México las y los comunicadores también han visto sus derechos e integridad vulnerados. No solo no se ha podido resolver con eficacia la ola de violencia hacia este sector, también deben enfrentar los ataques en su contra por parte del representante del ejecutivo. Durante sus conferencias matutinas, el presidente Andrés Manuel López Obrador desestima el trabajo de periodistas críticos a su gobierno, lo cual legitima todo tipo de agresiones hacia ellos.
Por otro lado, por medio de la ley, países como Venezuela, Honduras, Cuba y la misma Nicaragua han estado implementando legislaciones que ponen en riesgo la libertad de expresión. En El Salvador, por ejemplo, en el 2022 se hizo una reforma al Código Penal que pretende castigar con 15 años de cárcel a los reporteros que informen sobre las pandillas. Mientras que, en Venezuela, la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, aprobada en el 2017, ha venido utilizándose para hostigar a opositores, activistas y periodistas, acusándolos de fomentar al odio o a la discriminación.
No es posible seguir permitiendo la censura ni los ataques a las personas que, en el ejercicio de la libertad de expresión, son encarcelados, violentados o mandados al exilio. Es intolerable que los gobiernos de izquierda repliquen las mismas prácticas de las que fueron víctimas cuando ostentaban el papel de oposición. Es por eso que, desde la CIDHPDA, instamos a todos los gobiernos de América Latina a cumplir su obligación de hacer valer los derechos humanos y las garantías individuales para todos los habitantes de su respectiva nación.